Aseguran cabaña de Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara

CHIHUAHUA, Chihuahua.- — El aseguramiento de un inmueble atribuido al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, reactivó la atención pública sobre la investigación por presunto desvío de recursos que enfrenta.

La medida fue ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y busca evitar que el bien sea vendido, transferido o utilizado para ocultar patrimonio mientras avanzan las indagatorias.

La acción ocurre además en un contexto legal relevante: un tribunal determinó recientemente que el caso debe ser atendido por autoridades federales.

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La propia Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua informó que el operativo se realizó en cumplimiento de una orden judicial y forma parte de la carpeta de investigación 3050/2024, iniciada tras una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

¿Qué inmueble fue asegurado?

La propiedad asegurada es un condominio conocido como “Cabaña El Rincón”, ubicado en la Sierra Tarahumara, dentro de una zona considerada área natural protegida.

De acuerdo con la información oficial:

• El inmueble se localiza en el municipio de Ocampo, cabecera municipal de Basaseachi.
• Está registrado ante la Dirección de Catastro del Ayuntamiento de Ocampo a nombre de Javier Corral.
• La propiedad presenta características de construcción rústica y se encuentra en una zona montañosa con vegetación abundante.
• Forma parte de la declaración patrimonial del exmandatario.

¿Quién realizó el aseguramiento y cuándo?

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) el viernes 16 de enero, en cumplimiento de una resolución judicial emitida por un Juez de Control el jueves 15 de enero.

Como parte del procedimiento, se realizaron gestiones ante el Ayuntamiento de Ocampo para dejar constancia legal del aseguramiento mediante la anotación correspondiente en la clave catastral del inmueble.

¿Por qué se aseguró esta propiedad?

El aseguramiento es una medida legal preventiva prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Su propósito es impedir que un bien bajo investigación sea:

• Vendido
• Donado
• Transferido a terceros
• Utilizado como garantía
• Simulado mediante actos jurídicos

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La Fiscalía explicó que esta acción busca evitar la transferencia de bienes a personas cercanas al imputado, incluidas redes de apoyo conformadas por familiares o exservidores públicos que habrían tenido participación durante el periodo 2016–2021.

¿Qué investigación está en curso?

La medida forma parte de la carpeta de investigación 3050/2024, iniciada tras una denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

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Según lo informado por la autoridad:

• El presunto daño al erario asciende a 98.6 millones de pesos.
• Se investiga el uso indebido, desvío y disposición irregular de recursos públicos.
• Existen otros aseguramientos relacionados con esta misma investigación.
• También se han realizado diligencias en otras entidades, como en el municipio de Tepoztlán, Morelos.

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Una vez asegurado el inmueble, el Ministerio Público Anticorrupción queda facultado para realizar nuevas diligencias sobre el bien, con el objetivo de que pueda ser utilizado para una eventual recuperación del daño patrimonial.

¿Qué significa este aseguramiento para el proceso legal?

Este tipo de acciones no implican por sí mismas una sentencia ni determinan culpabilidad. Funcionan como una medida precautoria dentro del proceso de investigación.

En términos prácticos, significa que:

• El bien queda legalmente inmovilizado.
• No puede ser utilizado para operaciones comerciales.
• Permanece bajo control jurídico mientras continúa el proceso.

Para el lector, esto implica que la investigación sigue activa y que las autoridades buscan preservar posibles bienes de reparación del daño.

El contexto legal: el caso pasará al fuero federal

Este aseguramiento ocurre días después de que se hiciera público un acuerdo judicial relevante.

El 9 de enero, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025 y determinó que el caso por el presunto delito de peculado atribuido a Javier Corral y otras personas debe ser conocido por el fuero federal.

Esta resolución modifica la ruta institucional del proceso y coloca la investigación bajo competencia de autoridades federales.

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El aseguramiento de bienes es una herramienta legal diseñada para proteger los intereses públicos mientras se esclarecen los hechos.