En medio de protestas nacionales, fiscales del Departamento de Justicia de EEUU renuncian a sus cargos tras bloqueo de investigación por la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente del ICE en Minneapolis
Fiscales en Minnesota y Washington abandonan sus cargos tras el bloqueo a la investigación de la muerte de Renee Good, en un éxodo que legisladores vinculan a presiones políticas de la administración Trump.
Una decisión de la administración Trump de excluir al estado de Minnesota y a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal de la investigación por la muerte de Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años baleada por un agente de ICE en Minneapolis, ha provocado una oleada de renuncias entre fiscales federales y supervisores de carrera.
Este movimiento refleja una tensión profunda entre las prioridades políticas de la actual administración y los procedimientos históricos del Departamento de Justicia en casos de violencia policial.
Las dimisiones, que incluyen a figuras clave en Minnesota, han generado alerta entre legisladores y gobernadores, quienes advierten sobre la politización de la procuración de justicia y sus consecuencias para la seguridad pública.
El detonante: La exclusión de Minnesota y la División de Derechos Civiles
De acuerdo con The Associated Press, el conflicto estalló cuando abogados de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia fueron informados de que no participarían en la investigación inicial sobre la muerte de Renee Good.
Esta División es la unidad que tradicionalmente investiga tiroteos de alto perfil que involucran a agentes del orden.
Paralelamente, la administración Trump bloqueó la participación del estado de Minnesota en la pesquisa federal del mismo caso.
Esta decisión marca un quiebre con la práctica de administraciones anteriores, donde el departamento “se movía rápido para abrir y anunciar públicamente dichas investigaciones”, no solo para reafirmar la jurisdicción federal, sino también con el objetivo de calmar la angustia comunitaria.
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La reacción institucional: Renuncias en cadena en Minnesota y Washington
La respuesta interna fue inmediata y contundente. Al menos media docena de fiscales federales en la oficina del Distrito de Minnesota presentaron su renuncia.
Entre ellos se encuentra Joe Thompson, el Primer Fiscal Federal Asistente, quien lideraba importantes investigaciones de fraude en el estado.
Simultáneamente, varios supervisores de la sección criminal de la División de Derechos Civiles en Washington D.C. notificaron su salida.
Estas renuncias se enmarcan en una salida más amplia de abogados de carrera que han dejado el Departamento de Justicia en el último año, citando preocupaciones por presión política o cambios en las prioridades institucionales.
Las voces críticas: Advertencias sobre la politización de la justicia
Legisladores demócratas de Minnesota alzaron la voz. La senadora Amy Klobuchar, miembro del Comité Judicial del Senado, calificó las renuncias como “una pérdida para nuestro estado y para la seguridad pública” y advirtió que los procesos judiciales no deben estar dirigidos por la política.
El gobernador Tim Walz expresó que las salidas generan preocupación sobre la presión política ejercida sobre funcionarios de carrera.
Estas críticas contrastan con la postura oficial del Departamento de Justicia, que afirmó que los fiscales de la División de Derechos Civiles habían solicitado participar en un programa de retiro anticipado “mucho antes de los eventos en Minnesota”, añadiendo que “cualquier sugerencia en contrario es falsa”.
El contexto histórico: Un cambio radical en la doctrina de Derechos Civiles
Fundada hace casi 70 años, la División de Derechos Civiles tiene un historial de investigar tiroteos de civiles por parte de agentes de la ley.
Bajo administraciones anteriores, esta unidad fue clave, por ejemplo, en la investigación federal por la muerte de George Floyd a manos de policías de Minneapolis en 2020, un caso que resultó en cargos criminales.
El contraste con el manejo actual es evidente. La actual administración ha dejado de lado un tipo de investigación de reforma policial conocida como de “patrón o práctica”, que sí fue utilizada por la administración Biden para escrutar a ese mismo departamento de policía, lo que señala un cambio doctrinal significativo.
El caso que lo originó: Renee Good y el agente de ICE
En el centro de la tormenta se encuentra el caso de Renee Nicole Good, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un agente de ICE de 10 años de servicio, identificado como Jonathan Ross, durante un encuentro en Minneapolis.
Las versiones sobre lo ocurrido son opuestas: autoridades federales, incluido el propio presidente Trump, acusaron a Good de intentar atropellar a los agentes en un acto que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tildó de “terrorismo doméstico”.
En cambio, autoridades locales como el alcalde Jacob Frey y el gobernador Walz responsabilizaron a los agentes, calificando el tiroteo como “totalmente predecible” y “evitable”.
Repercusiones y escenario actual: Protestas, despliegues y acción legal
La muerte de Good ha avivado tensiones a nivel nacional, generando protestas y una escalada en la presencia federal.
Cerca de mil agentes más de la Patrulla Fronteriza han sido desplegados en el área de Minneapolis.
Como contramedida, el estado de Minnesota, junto con las ciudades de Minneapolis y St. Paul, interpusieron una demanda contra la administración Trump, denominando a su operativo migratorio como una “invasión federal”.
Mientras, en un plano cultural, la protesta ha traspasado fronteras: en la reciente alfombra roja de los Globos de Oro 2026, figuras como el actor Mark Ruffalo portaron pines con la leyenda “ICE OUT” y criticaron públicamente al presidente Trump, dedicando su mensaje a las víctimas recientes de agentes del ICE.
El presidente, por su parte, ha defendido a sus agentes y prometido en redes sociales que “se acerca un día de ajuste de cuentas y retribución”.
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