Corte Suprema de Estados Unidos revisará leyes contra atletas transgénero; el fallo también podría afectar sus derechos en la vida pública, incluido el uso de los baños, el acoso en las aulas, los documentos de identidad, el ejército y la atención médica
El tribunal analizará leyes de Idaho y Virginia Occidental que prohíben competir en equipos femeninos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para resolver un caso que, aunque centrado en la participación de estudiantes transgénero en deportes escolares, podría definir el rumbo legal de múltiples derechos vinculados a la identidad de género en el país.
El debate no se limita al ámbito deportivo. Abre la puerta a decisiones con impacto en educación, documentos oficiales, uso de baños, atención médica y otras áreas de la vida pública.
Actualmente, 27 estados, en su mayoría gobernados por republicanos, han aprobado leyes similares que limitan la participación de personas transgénero en el deporte.
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Por qué este fallo preocupa más allá del deporte
Para abogados y activistas, el riesgo no está solo en las canchas escolares. Un fallo que respalde estas prohibiciones podría sentar un precedente legal aplicable a otras restricciones.
Aunque estos dos casos solo plantean preguntas sobre la participación de atletas transgénero en deportes segregados por sexo, podrían tener ramificaciones para los derechos de las personas transgénero en una amplia gama de cuestiones relacionadas con la inclusión de las personas transgénero en la vida pública, incluido el uso de los baños, el acoso en las aulas, los documentos de identidad, el ejército y la atención médica”, advirtió Jessica Clarke, profesora de derecho en la Universidad del Sur de California.
“Un fallo amplio podría cortar muchas vías legales para que las personas transgénero cuestionen diversas formas de discriminación y exclusión”, agrego.
De acuerdo con especialistas, la Corte podría verse obligada a definir si estas leyes clasifican a las personas por sexo o por condición transgénero y qué nivel de escrutinio judicial corresponde aplicar. Esa decisión tendría consecuencias en temas como:
- Uso de baños en escuelas y espacios públicos
- Documentos de identidad oficiales
- Políticas contra el acoso escolar
- Acceso a atención médica
- Inclusión en instituciones federales, como el ejército

El papel del gobierno de Donald Trump
La administración del presidente Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca el año pasado, respalda las leyes de Idaho y Virginia Occidental y participará en la defensa de estas prohibiciones ante la Corte.
Trump ha emitido órdenes ejecutivas que limitan derechos de las personas transgénero, entre ellas una directiva que reconoce únicamente dos sexos, masculino y femenino, y otra que busca excluir a atletas trans del deporte femenino.
La Corte Suprema ya ha mostrado disposición a respaldar algunas de estas medidas. Permitió, por ejemplo, la prohibición de personas transgénero en el ejército y restricciones en pasaportes que impiden elegir el sexo acorde a la identidad de género.
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Qué dicen quienes defienden las prohibiciones
Las leyes de Idaho y Virginia Occidental organizan los equipos deportivos escolares con base en el concepto de “sexo biológico” y excluyen a estudiantes considerados de sexo masculino de los equipos femeninos.
El fiscal general de Virginia Occidental, JB McCuskey, defendió la medida en declaraciones a Reuters: “¿Vamos a crear un sistema donde las mujeres biológicas tengan un lugar seguro y justo para practicar atletismo en el futuro?”, cuestionó.
También agregó que la ley busca crear certeza en defender a las atletas mujeres que han puesto “todo su esfuerzo y todos los sacrificios que están haciendo para ser excelentes en los deportes no serán destruidos por un hombre biológico que tiene una ventaja física inherente sobre ellas”
McCuskey sostuvo que las leyes no discriminan, ya que las personas transgénero “pueden jugar en el equipo con personas que están en una situación biológica similar a la de ellos”.

Quiénes son las estudiantes que impugnaron las leyes
En Idaho, la demanda fue presentada por Lindsay Hecox, estudiante transgénero de la Universidad Estatal de Boise. Participó en clubes deportivos universitarios, pero recientemente solicitó que su caso fuera desestimado tras dejar el deporte, citando preocupación por el acoso y la “mayor intolerancia general hacia las personas transgénero”.
La Corte Suprema decidirá si el caso sigue siendo relevante o queda sin materia legal.
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En Virginia Occidental, la impugnación fue presentada por Becky Pepper-Jackson, una estudiante transgénero de secundaria, y su madre. Pepper-Jackson fue excluida de equipos femeninos de atletismo, aunque fallos judiciales previos le han permitido competir en algunas disciplinas.
En 2021, los políticos de mi estado aprobaron una ley que me prohíbe, a mí, la única estudiante atleta transgénero de todo el estado, jugar como quien realmente soy. Esto es injusto para mí y para todos los jóvenes transgénero que solo buscan la libertad de ser ellos mismos”, declaró Pepper-Jackson, de 15 años.
Qué han resuelto los tribunales hasta ahora
- Un tribunal federal suspendió la aplicación de la ley de Idaho al concluir que, de forma preliminar, podría contravenir el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución de Estados Unidos. Esa resolución fue ratificada en 2023 por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco.
- En el caso Pepper-Jackson, el juez de primera instancia falló a favor del estado; sin embargo, en 2024 el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, ubicado en Richmond, Virginia, revocó esa decisión al determinar que excluir a atletas de equipos femeninos representaba un “trato desfavorable basado en el sexo” y generaba un daño legal, en violación del Título IX.
A diferencia de lo ocurrido en Tennessee, la Corte Suprema podría verse obligada a pronunciarse sobre los conflictos de Idaho y Virginia Occidental, en particular para definir si esas leyes estatales establecen distinciones por sexo o condición transgénero y, de ser así, si eso activa un nivel más riguroso de revisión judicial que haga más difícil sostenerlas ante los tribunales.
De la misma forma, el máximo tribunal podría tener que aclarar si el criterio fijado en su fallo de 2020, que protegió a trabajadores transgénero bajo el Título VII, también aplica al ámbito educativo regulado por el Título IX, cuyo lenguaje es similar.
Especialistas en derecho observan con atención si la Corte tomará en cuenta las situaciones individuales de las personas, en lugar de basarse solo en grupos generales, al evaluar posibles casos de discriminación por sexo, ya que no hacerlo podría limitar la presentación de ciertas demandas.
Esto tendría grandes implicaciones, tanto para los derechos de las personas transgénero como para otras áreas de la ley de protección igualitaria”, dijo Katie Eyer, profesora de la Facultad de Derecho de Rutgers.
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