Jueza federal frena por 14 días la cancelación de programas de reunificación familiar en Estados Unidos y evita la salida inmediata de migrantes de siete países de América Latina

Este domingo una decisión judicial en Estados Unidos dio un giro temporal a la política migratoria que afecta a miles de familias latinoamericanas. Una jueza federal ordenó frenar, por ahora, la eliminación de programas humanitarios que permiten la reunificación familiar de migrantes provenientes de siete países de la región.

La medida responde a una demanda de emergencia presentada por personas que se verían obligadas a abandonar el país en cuestión de días, pese a tener vínculos familiares directos en territorio estadounidense. El fallo no resuelve el fondo del caso, pero abre una pausa clave que ofrece certidumbre momentánea a quienes enfrentaban una salida inmediata y forzada.

La información fue difundida este domingo por la agencia EFE, tras conocerse el contenido de la orden judicial emitida el sábado por una corte federal en Massachusetts.

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¿Qué decidió la jueza?

La jueza Indira Talwani, de la Corte de Distrito de Massachusetts, concedió una orden de emergencia temporal que impide al Gobierno de Estados Unidos poner fin de inmediato a los programas migratorios humanitarios de reunificación familiar para personas originarias de:

• Colombia
• Cuba
• Ecuador
• El Salvador
• Guatemala
• Haití
• Honduras

La orden tiene una vigencia inicial de 14 días y frena las medidas anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 12 de diciembre, las cuales preveían el cierre definitivo de estos programas.

En su resolución, la jueza señaló que los demandantes demostraron un daño inmediato y grave si las medidas entraban en vigor sin revisión judicial. En el fallo se lee:

La decisión judicial protege de manera temporal al programa conocido como Family Reunification Parole (FRP), un mecanismo humanitario que permite a ciertos migrantes ingresar y permanecer en Estados Unidos para reunirse con familiares directos, mientras esperan la resolución de visas u otros trámites migratorios.

Este programa fue implementado durante la Administración de Joe Biden (2021-2025) como una alternativa ordenada para reducir cruces irregulares y mantener unidas a las familias durante procesos legales que suelen tardar años.

¿Qué pretendía hacer el Gobierno de Trump?

Hace un mes, la Administración del presidente Donald Trump ordenó la eliminación de estos programas, bajo el argumento de que habían sido utilizados de forma indebida.

Según el Gobierno federal, el FRP permitió que personas con verificación insuficiente evadieran el proceso migratorio tradicional, lo que, a su juicio, justificaba su cancelación inmediata.

De haberse aplicado la medida sin intervención judicial, miles de beneficiarios habrían tenido que abandonar Estados Unidos a mediados de enero, salvo que contaran con otra vía legal para permanecer en el país.

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¿Cuántas personas están en riesgo?

Abogados que representan a los migrantes estiman que entre 10,000 y 15,000 personas se verían afectadas por la cancelación del programa.

Las organizaciones legales advirtieron que la medida tendría un impacto directo en familias completas, incluidos niños, ya que muchas personas perderían su estatus legal de un día para otro y se verían obligadas a separarse de padres, hijos o cónyuges.

Este argumento fue central para que la jueza considerara que existía un riesgo inmediato y difícil de reparar, especialmente en casos donde la separación familiar ya había sido superada gracias al programa.

La orden no es definitiva

La jueza Talwani exigió al Departamento de Seguridad Nacional que entregue, a más tardar el martes, los documentos administrativos que respalden su decisión de cancelar el programa.

Además, el Gobierno podrá apelar el fallo y buscar revertir la suspensión temporal. En ese escenario, el futuro del FRP dependerá de nuevas resoluciones judiciales o de un eventual fallo de fondo.

Mientras tanto, la orden ofrece una pausa legal que impide deportaciones automáticas bajo este programa durante al menos dos semanas, tiempo en el que el caso seguirá bajo análisis judicial.

¿Qué deben saber los migrantes beneficiarios durante esta pausa?

La suspensión no crea un nuevo estatus migratorio ni garantiza una solución permanente. Solo mantiene las condiciones actuales mientras se revisa la legalidad de la decisión gubernamental.

Especialistas recomiendan que las personas beneficiarias:

• Verifiquen su situación con abogados o asesores migratorios confiables.
• Eviten difundir información no confirmada en redes sociales.
• Den seguimiento a comunicados oficiales del DHS y a resoluciones judiciales.

Este fallo se suma a una serie de disputas legales sobre el alcance de las políticas migratorias en Estados Unidos y el equilibrio entre control fronterizo y protección familiar.

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