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Trump decreta “emergencia nacional” y firma orden para proteger ingresos del petróleo venezolano en cuentas de Estados Unidos; busca evitar embargos y demandas internacionales

Donald Trump firmó una orden ejecutiva para proteger los ingresos del petróleo venezolano depositados en cuentas del Tesoro de Estados Unidos

Trump decreta “emergencia nacional” y firma orden para proteger ingresos del petróleo venezolano en cuentas de Estados Unidos; busca evitar embargos y demandas internacionales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con la que busca proteger los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano que actualmente se encuentran en cuentas del Tesoro estadounidense. La medida impide que estos recursos sean objeto de embargos, procesos judiciales o reclamos de acreedores internacionales vinculados a la deuda externa de Venezuela.

La Casa Blanca informó que la decisión tiene como objetivo evitar acciones legales que puedan afectar los planes del gobierno estadounidense para influir en la estabilidad económica y política de Venezuela.

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¿Por qué se declaró una emergencia nacional?

Como parte de esta decisión, Trump decretó una “emergencia nacional”, una figura legal que permite al Ejecutivo estadounidense adoptar medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Según Washington, esta declaratoria es necesaria para resguardar fondos que considera estratégicos dentro de su política hacia Venezuela.

El gobierno estadounidense argumentó que permitir el embargo de estos recursos pondría en riesgo objetivos clave, entre ellos el control de la migración irregular y el combate al tráfico de drogas, que identifica como prioridades de su intervención en el país sudamericano.

Foto de archivo de una instalación petrolera de ODVSA en Lagunillas, Venezuela Ene 29, 2019. REUTERS/Isaac Urrutia

¿Qué establece la orden ejecutiva?

La orden firmada por Trump bloquea cualquier embargo, juicio, decreto, derecho de retención o ejecución judicial contra los fondos provenientes de las ventas de petróleo venezolano que estén bajo custodia del gobierno de Estados Unidos.

Además, prohíbe cualquier tipo de transferencia o negociación relacionada con esos recursos sin autorización expresa, con el fin de evitar que acreedores privados accedan a ellos.

La Casa Blanca explicó que los fondos son considerados propiedad soberana de Venezuela, mantenidos por Estados Unidos con fines gubernamentales y diplomáticos, y por lo tanto no están sujetos a reclamos privados.

¿Cómo se usarán los recursos del petróleo venezolano?

El secretario de Energía, Chris Wright, ya había adelantado que Estados Unidos controlará de manera indefinida las ventas de crudo venezolano. Los ingresos generados serán depositados en cuentas del gobierno estadounidense con el argumento de que se utilizarán para beneficiar al pueblo de Venezuela.

Esta postura refuerza la estrategia de Washington de mantener supervisión directa sobre los flujos financieros del sector petrolero venezolano, considerado el principal activo económico del país.

El secretario de Energía, Chris Wright, dialogará con ejecutivos del sector en Miami para explorar escenarios de inversión y producción, mientras Washington redefine su estrategia hacia Venezuela.

¿Qué relación tiene esta medida con las empresas petroleras?

La orden ejecutiva se publicó un día después de una reunión entre Trump y ejecutivos de empresas petroleras internacionales. Durante ese encuentro, el presidente ofreció protección y respaldo del gobierno estadounidense a largo plazo para impulsar inversiones en Venezuela por hasta 100 mil millones de dólares.

Sin embargo, los ejecutivos expresaron reservas para invertir, al señalar la incertidumbre regulatoria y las expropiaciones realizadas en años anteriores por el gobierno venezolano, factores que siguen influyendo en las decisiones del sector energético.

Antecedentes de Venezuela

Desde la expropiación petrolera impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez, Venezuela ha enfrentado cerca de 60 arbitrajes internacionales desde el año 2000.

El monto estimado de estas demandas asciende a 30 mil millones de dólares, lo que representa casi 15% de su deuda internacional, de acuerdo con datos del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia.

Estos antecedentes explican el interés de Estados Unidos por blindar legalmente los ingresos petroleros y evitar que sean absorbidos por litigios pendientes.

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