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Este es el ultimátum que da Amnistía Internacional al gobierno interino de Venezuela: De inmediato deben ser liberados los presos políticos y las detenciones deben cesar

Entre las personas excarceladas se encuentran la presa de conciencia Rocío San Miguel, así como los ciudadanos españoles José María Basoa y Andrés Martínez.

Este es el ultimátum que da Amnistía Internacional al gobierno interino de Venezuela: De inmediato deben ser liberados los presos políticos y las detenciones deben cesar

La liberación de un número reducido de personas detenidas arbitrariamente en Venezuela, registrada el 8 de enero de 2026, abrió una nueva etapa de expectativa y preocupación para familiares, organizaciones civiles y la comunidad internacional.

Aunque las excarcelaciones permitieron que algunas víctimas regresaran con sus seres queridos, Amnistía Internacional sostiene que la medida es limitada y no representa un cambio estructural en la política de represión que, afirma, continúa vigente en el país.

La información fue difundida por Amnistía Internacional, a través de su directora para las Américas, Ana Piquer, y se basa en reportes de organizaciones de la sociedad civil venezolana.

Quiénes fueron liberados y cuántas personas siguen detenidas

Entre las personas excarceladas se encuentran la presa de conciencia Rocío San Miguel, así como los ciudadanos españoles José María Basoa y Andrés Martínez.

También recuperaron la libertad el dirigente político Enrique Márquez y el periodista Biagio Pilieri.

Sin embargo, organizaciones locales estiman que alrededor de mil personas continúan detenidas por motivos políticos en Venezuela.

Para Amnistía Internacional, este dato es clave para dimensionar el alcance real de las excarcelaciones anunciadas por el gobierno.

Hasta ahora la lista de liberados confirmada es la siguiente:

  1. José María Basoa (español)
  2. Andrés Martínez Adasme (español)
  3. Ernesto Gorbe (español)
  4. Miguel Moreno Dapena (español)
  5. Rocío San Miguel (española-venezolana)
  6. Biagio Pillieri
  7. Enrique Márquez
  8. Larry Osorio
  9. Aracelis Balza

La postura de Amnistía Internacional

Ana Piquer señaló que cada liberación representa un alivio para las víctimas, pero advirtió que el problema de fondo persiste.

“El fin de cada detención arbitraria es un alivio necesario y esperado para las víctimas que han sido liberadas”, afirmó.

No obstante, subrayó que las medidas son insuficientes mientras sigan privadas de la libertad cientos de personas, incluidas defensoras y defensores de derechos humanos como Kennedy Tejeda, Javier Tarazona, Eduardo Torres y Carlos Julio Rojas.

La organización exige la libertad inmediata de todas las personas que continúan detenidas y cuyos familiares esperan respuestas tras los anuncios oficiales.

Excarcelaciones sin cierre de procesos penales

Uno de los principales señalamientos de Amnistía Internacional es que varias personas liberadas siguen sujetas a investigaciones y procesos penales.

Estas medidas incluyen restricciones como la prohibición de salir del país o la obligación de presentarse periódicamente ante tribunales.

Según la organización, estas condiciones mantienen el temor y la revictimización, por lo que reiteró su llamado a que las excarcelaciones estén acompañadas del cierre definitivo e incondicional de los procesos penales contra cada víctima.

Estado de conmoción y nuevas detenciones

Amnistía también alertó sobre el estado de conmoción exterior decretado el 3 de enero, el cual contempla disposiciones que ordenan la “búsqueda y captura” de personas señaladas por presuntamente apoyar un ataque armado contra el país.

En los días previos a las excarcelaciones, la organización recibió reportes de nuevas detenciones arbitrarias, incluidas las de 14 periodistas, quienes posteriormente fueron liberados.

Para Amnistía, este patrón refleja una dinámica recurrente de detenciones y excarcelaciones que no resuelve el problema de fondo.

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Detenciones arbitrarias y responsabilidad internacional

La organización sostiene que la práctica de detenciones por motivos políticos en Venezuela es generalizada y sistemática, y forma parte de una política estatal orientada a silenciar la disidencia.

Amnistía Internacional recordó que estos hechos son considerados crímenes de lesa humanidad y están siendo investigados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, además de tribunales nacionales bajo el principio de jurisdicción universal.

La organización también destacó que algunas personas continúan privadas de la libertad pese a requerir atención médica urgente, como el caso de Emirlendris Benítez, lo que agrava la situación desde una perspectiva de derechos humanos.

El llamado final de la organización

Amnistía Internacional cerró su posicionamiento con un exhorto directo a las autoridades venezolanas:

“Llamamos a que se desarticule la política de represión, cesen las detenciones arbitrarias por motivos políticos, y se investigue a las personas, hasta el más alto nivel, que tengan responsabilidad penal individual por estas graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.

Mientras las excarcelaciones no se traduzcan en libertad plena, justicia y garantías de no repetición, advierte la organización, la crisis de derechos humanos en Venezuela seguirá abierta.

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