Hace un año la polícía política de Nicolás Maduro se llevó al yerno de Edmundo Gónzalez Urrutia y desde ese momento desconocen su paradero y su estado de salud; ocurrió cuando llevaba a sus dos hijos menores de edad a la escuela

ESPAÑA.- El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia denunció este miércoles que la detención y condena de su yerno, Rafael Tudares, responde a una “venganza” en su contra.

Tudares permanece detenido desde el 7 de enero del año pasado, tres días antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro, proclamado presidente tras un proceso electoral que la oposición califica como fraudulento, reseñó Infobae.

Las declaraciones de González Urrutia y los señalamientos sobre el caso provienen de pronunciamientos públicos del propio dirigente, de su hija Mariana González, y de organizaciones de derechos humanos como Foro Penal, que siguen de cerca la situación de los detenidos por motivos políticos en Venezuela.

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¿Por qué Edmundo González habla de una represalia?

González Urrutia aseguró que los cargos que pesan sobre él en Venezuela fueron “trasladados” a su yerno como una forma de presión directa.

“Yo lo tomé desde el principio como lo que es en realidad: una presión que me están haciendo a mí y que él está pagando por el hecho de ser el yerno de Edmundo González, el candidato presidencial que ganó las elecciones y que este régimen se las robó”, afirmó.

El opositor sostiene que la detención ocurrió en un contexto de persecución política, previo a un momento clave del calendario institucional.

¿De qué delitos acusan a Rafael Tudares?

Según la información disponible, Tudares fue condenado a 30 años de prisión por los delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento.

González Urrutia cuestionó la legalidad del proceso y afirmó que su yerno no ha tenido acceso a derechos básicos durante su detención.

El líder opositor reiteró que su yerno se encuentra en “desaparición forzada”, ya que su familia desconoce su paradero y el lugar exacto de reclusión desde hace un año.

“Rafael no ha tenido respeto a las garantías procesales, acceso a defensa privada, atención médica adecuada, condiciones de detención dignas ni control judicial efectivo, todo lo contrario”, denunció.

Describió este periodo como “marcado por la ausencia de información, de garantías legales y de justicia”.

La voz de la familia: el mensaje de Mariana González

En su cuenta de X, Mariana González, hija del dirigente opositor y esposa de Tudares, expresó el impacto personal del caso tras un año sin noticias claras sobre su esposo.

“Un año sin respuestas. No tengo más palabras. Solo verdad, justicia y humanidad. Eso es todo lo que pedimos”, escribió.

Un caso que no sería aislado, según la oposición

González Urrutia afirmó que la situación de su yerno forma parte de un patrón más amplio que afecta a cientos de personas en el país.Indicó que hay mujeres, hombres y niños sometidos a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y privación de derechos.

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“Mientras estas prácticas persistan, no será posible hablar de paz ni de democracia, ni garantías para nadie. Venezuela necesita verdad, justicia y libertad para todos”, sostuvo el dirigente, quien reclama la Presidencia desde el exilio tras las elecciones de 2024.

Otros detenidos en el mismo operativo

El 7 de enero del año pasado también fueron detenidos el defensor de derechos humanos Carlos Correa, quien ya fue excarcelado, y el ex candidato presidencial opositor Enrique Márquez, quien continúa en prisión, de acuerdo con información pública.

En este contexto, la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal solicitó una amnistía general para los 863 presos políticos que, según sus registros, permanecen detenidos en Venezuela.El llamado se produjo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y busca la liberación inmediata de personas encarceladas o perseguidas por razones políticas.

“Una amnistía general para la libertad de presos políticos sería un importante gesto actualmente para unificar la población venezolana, obviamente sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad”, señaló Alfredo Romero, director de la ONG.

Romero explicó que la medida enviaría una señal de distensión en medio de la crisis institucional y aclaró que no implicaría perdón para delitos de lesa humanidad.

Un tema abierto en medio de la crisis política

Las denuncias sobre el caso de Rafael Tudares se suman a un debate más amplio sobre derechos humanos, justicia y garantías legales en Venezuela.

Mientras la oposición exige respuestas y liberaciones, organizaciones civiles insisten en que cualquier salida a la crisis debe incluir verdad, procesos transparentes y respeto a los derechos fundamentales de todas las personas.