“¿En dónde está escondido Diosdado Cabello? Te van a conseguir", Venezolano es detenido por presunta vinculación con delitos de incitación al odio y difusión de contenido desestabilizador

VENEZUELA.- Un hombre de 40 años fue detenido en el centro de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, luego de la difusión de un video en la red social TikTok que motivó una investigación por parte de organismos de seguridad.

La aprehensión se realizó por su presunta vinculación con delitos de incitación al odio y difusión de contenido considerado desestabilizador, en un contexto marcado por tensiones políticas y sociales en el país.

De acuerdo con información de organismos de seguridad y del Ministerio Público, el material audiovisual contenía expresiones dirigidas al ministro de Interior, Diosdado Cabello, lo que derivó en su localización y puesta a disposición de las autoridades competentes.

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¿Quién es la persona detenida?

El detenido fue identificado como Carlos José Guzmán Armas, de 40 años de edad.

Su captura se efectuó en una zona céntrica de Puerto La Cruz, luego de que las autoridades iniciaran labores de búsqueda tras la circulación del video en redes sociales.

La actuación de los cuerpos de seguridad se produjo después de que se difundiera un video publicado en TikTok, en el que Guzmán realiza comentarios dirigidos de manera directa al ministro de Interior.

En el audiovisual se escuchan frases como:“¿Dónde está Diosdado Cabello?, ¿Dónde está escondido?, lo están buscando, en cualquier momento va a caer”.

Estas expresiones fueron evaluadas por las autoridades como posibles elementos constitutivos de incitación al odio y difusión de mensajes que podrían alterar el orden público, según el marco legal vigente.

¿Cómo ocurrió la detención?

Tras la circulación del video, funcionarios de seguridad ubicaron a Guzmán Armas en el centro de Puerto La Cruz.

Posteriormente, procedieron a su aprehensión y traslado, siguiendo los protocolos establecidos.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, organismo encargado de continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

¿De qué delitos se le acusa?

De manera preliminar, las autoridades señalan una presunta vinculación con:

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• Incitación al odio, relacionada con expresiones públicas que puedan promover violencia o confrontación.
• Difusión de contenido desestabilizador, en el contexto de la situación actual del país.

Será el Ministerio Público quien defina si existen elementos suficientes para una imputación formal y qué medidas legales se aplicarán.

¿Qué sigue en el proceso legal?

Una vez puesto a la orden del Ministerio Público, el caso entra en una fase de evaluación jurídica.

En esta etapa, la Fiscalía analiza el contenido difundido, el contexto de su publicación y los elementos recabados por los organismos de seguridad para determinar los pasos a seguir, conforme a la ley.

Las autoridades han reiterado que los mensajes difundidos en plataformas digitales pueden tener consecuencias legales, especialmente cuando se consideran una amenaza al orden público o a funcionarios del Estado.

Ley del odio en Venezuela, ¿de qué se trata?

En Venezuela existe una norma de rango constitucional cuyo objetivo central es regular la convivencia social y prevenir expresiones que puedan derivar en violencia, discriminación o alteraciones del orden público, desde el 2017.

Se trata de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, un instrumento legal que busca establecer límites claros frente a conductas consideradas como incitación al odio, al desprecio o a la violencia. Esta ley fue reimpresa y publicada originalmente en la Gaceta Oficial número 41.274, de fecha 8 de noviembre de 2017, y desde entonces ha sido citada como fundamento jurídico en distintos procesos administrativos y penales relacionados con discursos públicos y contenidos difundidos por diversos medios, según la Asamblea Nacional.

¿Cuál es el objetivo de la Ley Constitucional contra el Odio?

De acuerdo con su texto oficial, esta ley tiene como propósito “contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco”. Su enfoque principal es prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, con la finalidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos humanos.

El marco legal también señala que la norma busca favorecer el desarrollo individual y colectivo, preservar la paz y la tranquilidad pública, y proteger a la Nación frente a acciones que puedan generar confrontación social.

¿Qué conductas busca prevenir esta ley?

La Ley Constitucional contra el Odio está orientada a regular comportamientos que, según su redacción, puedan poner en riesgo la convivencia pacífica. Entre ellos se incluyen:

• Mensajes que promuevan odio o intolerancia.
• Actos de discriminación o hostigamiento.
• Expresiones que inciten a la violencia.
• Contenidos que vulneren la dignidad de personas o grupos.

El texto legal establece que estas conductas pueden manifestarse en distintos espacios, incluidos medios de comunicación tradicionales y plataformas digitales.

Relación con los derechos humanos

Uno de los ejes centrales de la ley es la protección de los derechos humanos.

El documento subraya que el respeto mutuo y la tolerancia son condiciones necesarias para su vigencia plena. Bajo esta lógica, el Estado asume un rol activo en la prevención de prácticas que puedan derivar en agresiones físicas, psicológicas o simbólicas contra personas o colectivos.

Esta normativa tiene carácter de Ley Constitucional, lo que le otorga una jerarquía especial dentro del ordenamiento jurídico venezolano.

Esto significa que su aplicación se considera prioritaria frente a otras leyes ordinarias cuando se trata de asuntos relacionados con convivencia, paz social y protección de derechos fundamentales.

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Publicación oficial y vigencia

La fuente oficial de esta normativa es la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 41.274, publicada el 8 de noviembre de 2017, donde se difundió el texto íntegro de la ley.

Su reimpresión ratificó su vigencia y permitió su difusión formal como instrumento legal aplicable en todo el territorio nacional.

Asimismo el estado de conmoción exterior es una figura prevista en el marco legal venezolano que permite al Ejecutivo adoptar medidas excepcionales cuando considera que existen amenazas externas contra la Nación y que recientemente se activó de parte del gobierno de Maduro y actualmente liderado por Delcy Rodríguez.

Qué ordena el decreto a las fuerzas de seguridad

El decreto instruye a los cuerpos policiales a “emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional” de personas que estén presuntamente involucradas en la promoción o apoyo de ataques armados extranjeros contra Venezuela.

De acuerdo con el texto, las personas detenidas deberán ser puestas a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con el objetivo de iniciar los procesos judiciales correspondientes.

Según el contenido del decreto, las autoridades pueden investigar y sancionar:

• Expresiones públicas que respalden una intervención militar extranjera.
• Mensajes que celebren o promuevan acciones armadas contra el Estado venezolano.
• Manifestaciones consideradas como apoyo a una agresión externa.

Estas conductas pueden evaluarse tanto en espacios públicos como en redes sociales y plataformas digitales, lo que amplía el alcance de la medida.

Restricción temporal de derechos

El decreto también autoriza la limitación de derechos como la reunión, la manifestación y el libre tránsito por un periodo de 90 días, con posibilidad de prórroga por un lapso similar.

Estas restricciones se aplican bajo supervisión de las autoridades y forman parte de las facultades extraordinarias que otorga el estado de conmoción.

De manera oficial, se ha informado sobre al menos dos detenciones de personas acusadas de celebrar públicamente acciones hostiles contra el gobierno venezolano.

Las autoridades han señalado que estos casos se procesan conforme al decreto y a las leyes vigentes, sin que hasta ahora se haya difundido información judicial detallada sobre cada expediente.

Según el Artículo 338 de la Constitución de Venezuela se activa la figura cuando un “conflicto externo” pone en riesgo la seguridad del país, instituciones y sus propios ciudadanos.