Ley de “peligro químico” de Alabama en revisión: Juez anula condena de 18 años por muerte de feto y ordena nuevo juicio al aceptar que una infección, y no las drogas, fue la causa probable
El caso de Brooke Shoemaker se revisa tras presentarse evidencia que atribuye el nacimiento sin vida de su bebé a una infección.
Un juez de Alabama ha ordenado un nuevo juicio para Brooke Shoemaker, una mujer que cumple una condena de 18 años de prisión por un delito relacionado con la muerte de su feto.
La sentencia original, del año 2020, se basó en la ley de “peligro químico para un niño” del estado. El juez Jeffrey Tickal, del Circuito del Condado de Lee, anuló la condena después de que los abogados de Shoemaker presentaran nueva evidencia médica.
Dicha evidencia indica que una infección severa, y no el uso de metanfetaminas que Shoemaker admitió, fue la causa probable de la muerte fetal.
Según The Associated Press, el fallo, emitido el 22 de diciembre, señala que de haberse conocido estos hechos durante el juicio original, “los resultados probablemente habrían sido diferentes”. La fiscalía ha apelado la decisión.
¿Qué sucedió en el caso original de Brooke Shoemaker?
En 2017, Brooke Shoemaker tuvo un mortinato (nacimiento sin vida de un bebé) entre las semanas 24 y 26 de su embarazo.
En el hospital, admitió ante el personal médico que había usado metanfetamina durante la gestación. El médico forense estatal encontró rastros de la droga en el torrente sanguíneo del feto. Sin embargo, el reporte oficial clasificó la causa de la muerte como “indeterminada”.
A pesar de esto, Shoemaker fue procesada y condenada en 2020 bajo la ley de “peligro químico para un niño que resulta en muerte”. Esta ley se aprobó originalmente en Alabama para proteger a niños expuestos a laboratorios de metanfetaminas.
La nueva evidencia científica que cambió el caso
La apelación presentada por los abogados de Shoemaker, con apoyo de la organización Pregnancy Justice, introdujo una opinión médica experta: un especialista revisó las laminillas de patología del caso. Su conclusión fue que una anomalía genética y una infección severa causaron la muerte del feto.
Los defensores argumentan que nunca existió prueba de que el uso de metanfetaminas provocara directamente la pérdida.
Karen Thompson, directora legal de Pregnancy Justice, afirmó:
El juez realmente reconoció la validez de la ciencia. Uno de los problemas que vemos en estos tipos de casos en todo el país es que no hay ningún deseo o necesidad de probar ningún daño”.
El contexto nacional: Prosecución de embarazos en Estados Unidos
El caso de Shoemaker no es aislado. Según datos compilados por Pregnancy Justice, ella es una de al menos varias decenas de mujeres procesadas en Estados Unidos después de una pérdida del embarazo. Cientos más han enfrentado cargos por conductas relacionadas con su gestación.
Alabama es el estado líder en este tipo de procesamientos, la mayoría vinculados al consumo de drogas.
El fundamento es una interpretación de la ley estatal. En 2013, la Corte Suprema de Alabama determinó que la palabra “niño” en el estatuto de peligro químico incluye al “niño por nacer”. Esto ha permitido a las fiscalías presentar cargos contra mujeres embarazadas.
Las posturas enfrentadas y el camino legal que sigue
Brooke Shoemaker, a través de un comunicado, dijo sentirse esperanzada:
Tengo la esperanza de que mi nuevo juicio termine con mi libertad, porque simplemente perdí mi embarazo en casa debido a una infección. Amé y deseé a mi bebé, y nunca merecí esto”.
Su defensa celebra el fallo como un triunfo de la ciencia sobre el estigma.
La Fiscalía del Distrito del Condado de Lee, Jessica L. Ventiere, apeló la orden de un nuevo juicio. En un comunicado, afirmó:
Seguimos comprometidos a buscar justicia para este bebé y a perseguir la rendición de cuentas a través del proceso legal”.
Mientras la apelación se resuelve en el Tribunal de Apelaciones Penales de Alabama, Shoemaker permanecerá en prisión.
¿Por qué este caso importa más allá de Alabama?
Este caso plantea preguntas complejas sobre justicia, salud pública y derechos.
- Ciencia vs. Estigma: Cuestiona si los sistemas judiciales están utilizando evidencia médica sólida o basándose en suposiciones sobre el consumo de drogas y sus efectos.
- Efecto disuasorio o dañino: Los críticos de estas prosecuciones argumentan que criminalizar los resultados del embarazo disuade a las mujeres de buscar atención prenatal o admitir el uso de sustancias por miedo a ser encarceladas, lo que puede empeorar los resultados de salud.
- Ambito de la Ley: Expone cómo las leyes redactadas con un propósito específico (proteger a niños de laboratorios de drogas) pueden ser aplicadas de manera expansiva a situaciones de salud reproductiva, con consecuencias severas.
El nuevo juicio, de llevarse a cabo, será un examen no solo de los hechos específicos del caso de Shoemaker, sino también del papel de la ciencia en los tribunales en temas de salud materna.
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