¿Acoso a migrantes? Luego que un juez autorizara compartir datos básicos de Medicaid con ICE, autoridades en California expresan su preocupación por poner en riesgo la privacidad

CALIFORNIA.- Un fallo reciente de un juez federal en California abrió un nuevo capítulo en el debate sobre privacidad, salud pública y control migratorio en Estados Unidos.

La resolución permite al gobierno federal compartir con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) información básica de algunos participantes de Medicaid, pero mantiene bloqueado el acceso a datos más sensibles.

La decisión surge en medio de un esfuerzo del gobierno por localizar a personas que considera que se encuentran en el país sin autorización y ha generado reacciones encontradas entre autoridades federales y estatales.

La información se desprende de documentos judiciales y comunicados oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y de la oficina del fiscal general de California, detalló NBC.

¿Qué resolvió el juez federal?

El juez de distrito estadounidense Vince Chhabria determinó que el gobierno federal sí puede compartir información básica de beneficiarios de Medicaid con ICE.

En su resolución, precisó que es legal transferir datos como:

• Información biográfica básica
• Ubicación
• Datos de contacto

Al mismo tiempo, el juez concedió parcialmente una orden judicial preliminar solicitada por 20 estados, incluido California, para bloquear el intercambio de cualquier información que vaya más allá de esos datos mínimos.

En su escrito, Chhabria subrayó que el acceso a información más amplia no está claramente justificado ni definido en las políticas actuales.

¿Qué datos se pueden compartir y cuáles no?

De acuerdo con la orden judicial y con avisos previos de CMS, la información que puede compartirse se limita a la “mínima requerida”, como ciudadanía, estatus migratorio, ubicación y números telefónicos.

Quedan protegidos, por ahora, datos de salud sensibles, información de otros programas administrados por CMS y datos de personas con estatus legal, incluidos ciudadanos y residentes permanentes legales.

El juez advirtió que las políticas actuales presentan vacíos importantes.

“Más allá de la información básica discutida anteriormente, las políticas son totalmente confusas y no parecen ser el producto de un proceso coherente de toma de decisiones”, escribió.

Reacciones del gobierno federal

El Departamento de Seguridad Nacional calificó la decisión como “una victoria para el estado de derecho y los contribuyentes estadounidenses”, según una declaración emitida el martes por Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del DHS.

Por su parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) aseguró que actuó dentro de su autoridad legal.

Su portavoz, Emily Hilliard, señaló que el intercambio de datos entre CMS y DHS busca “garantizar que los beneficios de Medicaid estén reservados para las personas que tienen derecho legal a recibirlos”.

Postura de California y de los estados demandantes

Las autoridades de California expresaron su desacuerdo con parte del fallo.

La oficina del fiscal general Rob Bonta señaló que, aunque valoran que el tribunal haya bloqueado el acceso a datos sensibles, existe preocupación por el uso de información básica.

“Cuando las personas se inscribieron en Medi-Cal, lo hicieron con el entendimiento de que sus datos no serían utilizados para fines no relacionados con la administración del programa”, indicó la oficina del fiscal general en un comunicado.

En California, Medicaid opera bajo el nombre de Medi-Cal, y forma parte de un sistema conjunto federal y estatal que atiende a millones de personas.

¿Qué pasa con los inmigrantes y Medicaid?

En términos generales, las personas que se encuentran en el país sin autorización no son elegibles para Medicaid regular.

Sin embargo, todos los estados están obligados por ley a ofrecer Medicaid de emergencia, que cubre únicamente servicios que salvan vidas en salas de urgencias, sin importar el estatus migratorio.

Un estudio publicado en octubre en el Journal of the American Medical Association señala que el gasto en Medicaid de emergencia representa menos del 1% del gasto total del programa.

Un cambio respecto a políticas anteriores

El juez Chhabria recordó que, durante años, CMS mantuvo una política de no compartir datos de Medicaid con ICE, y que desde al menos 2013, ICE también tenía lineamientos para no usar esa información con fines de control migratorio.

Sin embargo, según los antecedentes del caso, en junio CMS comenzó a compartir datos con ICE, y en julio ambas agencias firmaron un acuerdo formal de intercambio de información.

Estos cambios detonaron la demanda presentada contra el HHS, el DHS y otras dependencias federales.

¿Qué sigue en el proceso legal?

La orden judicial que previamente prohibía compartir información seguirá vigente hasta el próximo lunes, únicamente por razones administrativas.

El tribunal fijó una audiencia para este viernes, en caso de que sea necesaria.

Por ahora, no existe una decisión final sobre la demanda, y el caso continúa abierto, con preguntas clave aún sin respuesta, especialmente sobre el alcance del intercambio de datos en hogares con estatus migratorio mixto.

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Un tema en seguimiento

El fallo deja claro que el debate sobre privacidad, salud y migración está lejos de resolverse.

Mientras el gobierno federal defiende su facultad para compartir información básica, los estados insisten en proteger la confianza de millones de personas que participan en Medicaid.

El desenlace del caso podría sentar un precedente relevante para la relación entre programas de salud pública y la aplicación de leyes migratorias en Estados Unidos.