Una jueza de Boston suspende la cancelación del Estatus de Protección Temporal para ciudadanos de Sudán del Sur, evitando su expulsión de Estados Unidos

BOSTON, Massachusetts.- Una jueza federal bloqueó este martes la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para cientos de ciudadanos de Sudán del Sur residentes en Estados Unidos, alegando que su deportación los expondría a un país sumido en crisis humanitarias prolongadas.

La jueza de distrito Angel Kelley, del Tribunal Federal de Massachusetts, emitió una suspensión administrativa de emergencia tras una demanda presentada por cuatro beneficiarios del TPS y la organización African Communities Together.

La orden impide que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dé por terminada la protección a partir del 5 de enero, como estaba previsto, hasta que un tribunal examine los fundamentos legales de la medida.

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En su resolución, Kelley, designada por el presidente Joe Biden en 2021, advirtió que la cancelación abrupta del TPS “privaría a los beneficiarios de su estatus legal, lo que podría resultar inminentemente en su deportación a un país que enfrenta graves conflictos y emergencias humanitarias”.

La jueza subrayó que, sin esta protección, los afectados perderían automáticamente sus permisos de trabajo y quedarían sujetos a procedimientos de remoción.

El TPS es un programa creado en 1990 que permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o epidemias permanecer y trabajar legalmente en EE.UU. de manera temporal

Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), hasta 2022 había aproximadamente 250 beneficiarios originarios de Sudán del Sur bajo este amparo, aunque organizaciones civiles estiman que la cifra real supera los 400, incluyendo familias con hijos nacidos en territorio estadounidense.

La administración Trump anunció la terminación gradual del TPS para varios países, argumentando mejorías en las condiciones de origen.

No obstante, organizaciones como Amnistía Internacional y el Consejo de Relaciones Exteriores han documentado que Sudán del Sur sigue registrando violencia étnica, hambruna y desplazamientos masivos, con más del 60% de su población dependiente de ayuda humanitaria según la ONU.

La demanda, consultada por The Washington Post, alega que el DHS violó la Ley de Procedimiento Administrativo al basar su decisión en “evaluaciones obsoletas y políticamente motivadas”, sin considerar informes actualizados de organismos internacionales.

“Devolver a nuestras comunidades a un país en guerra es una sentencia de muerte”, declaró Mawien Akoul, uno de los demandantes, en declaraciones recogidas por The Boston Globe.

La orden de la jueza Kelley es temporal y está sujeta a revisión en una audiencia posterior. El DHS tiene hasta el 15 de enero para presentar sus argumentos.

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Organizaciones proinmigrantes, como National TPS Alliance, celebraron la decisión pero advirtieron que la lucha continúa. “Es un alivio momentáneo, pero necesitamos una solución permanente: un camino a la ciudadanía para quienes han vivido, trabajado y pagado impuestos aquí durante años”, señaló en un comunicado.