Estados Unidos impone nuevas sanciones a familiares y conocidos de Nicolás Maduro y lo acusa de dirigir un “narcoestado rebelde”

WASHINGTON, Estados Unidos.– El gobierno de Estados Unidos impuso este viernes sanciones económicas y de viaje contra siete personas identificadas como familiares y allegados del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

El Departamento del Tesoro estadounidense los acusó de ser parte de las redes que sostienen lo que calificó como el “narcoestado rebelde” de Maduro.

El anuncio, realizado por el Tesoro a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), representó un nuevo escalón en la campaña de “máxima presión” de la administración del presidente Donald Trump contra el gobierno de Caracas, a quien no reconoce como legítimo.

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Las sanciones congelan cualquier activo que los designados tengan bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a personas y empresas en Estados Unidos realizar transacciones con ellos.

En un comunicado contundente, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, vinculó directamente a los sancionados con el tráfico internacional de drogas.

No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestra nación con drogas mortales. Maduro y sus cómplices criminales amenazan la paz y la estabilidad de nuestro hemisferio. La administración Trump seguirá atacando a las redes que sustentan su dictadura ilegítima”.

—  Scott Bessent.

En meses recientes, Estados Unidos ha desplegado una flota naval y aviones de combate en el Caribe oriental, en lo que ha denominado una operación antidrogas.

Este despliegue militar a gran escala, el más significativo en la región en años, es visto por analistas como un claro mensaje de fuerza dirigido a Caracas.

Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Información de Venezuela no había respondido a solicitudes de comentarios sobre las nuevas sanciones.

No obstante, Maduro y su gobierno han negado de forma sistemática y vehemente cualquier vínculo con el narcotráfico y el crimen organizado.

La postura oficial venezolana sostiene que las acusaciones y sanciones estadounidenses forman parte de una estrategia de larga data para forzar un cambio de régimen, con el objetivo final de controlar las vastas reservas de petróleo del país, las más grandes del mundo.

Desde 2017, Estados Unidos ha impuesto un entramado de sanciones financieras y petroleras contra Venezuela, agravando una crisis económica que ha provocado una migración masiva.

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Las designaciones se enmarcan en la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil Venezolana de 2014, renovada y ampliada en múltiples ocasiones, que autoriza al presidente de Estados Unidos a sancionar a individuos involucrados en violaciones de derechos humanos o actos de corrupción.