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Denuncian tortura, deportaciones clandestinas y condiciones inhumanas en centro de detención migratoria de la base militar Fort Bliss, en Texas

Organizaciones de derechos humanos han recabado testimonios de detenidos migrantes que acusan a oficiales de ICE de realizar golpizas, abuso sexual, negligencias médicas y sanitarias y deportaciones clandestinas.

Denuncian tortura, deportaciones clandestinas y condiciones inhumanas en centro de detención migratoria de la base militar Fort Bliss, en Texas

Una coalición de organizaciones de derechos humanos ha elevado una grave denuncia contra el campamento de detención migratoria “Camp East Montana”, ubicado en la base militar Fort Bliss, en Texas.

Según The Texas Tribune y The Guardian, en una carta de 19 páginas dirigida a las autoridades federales, acusan a oficiales de ICE de someter a los detenidos a golpizas, abuso sexual, negligencia médica y de coercerlos para que crucen la frontera hacia el desierto mexicano, incluso si no son de nacionalidad mexicana.

Las organizaciones describen el lugar como una “catástrofe de derechos humanos y civiles” y exigen su cierre inmediato. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha negado categóricamente todas las acusaciones.

La acusación central: Coerción para cruzar a México bajo amenaza

El señalamiento más grave detalla un procedimiento irregular para deshacerse de detenidos, eludiendo procesos legales: oficiales de ICE esposarían a detenidos no mexicanos (principalmente cubanos y guatemaltecos), los subirían a furgonetas y los trasladarían durante más de una hora hasta la frontera cerca de Santa Teresa, Nuevo México.

Ahí, oficiales encapuchados les ordenarían “saltar” la barrera para cruzar a México. A quienes se negaban, se les amenazaba con cargos criminales, largas penas de prisión o ser enviados a cárceles en terceros países.

Un detenido cubano, bajo el seudónimo Isaac, declaró:

Si no queríamos ir a México, entonces nos enviarían a una celda en El Salvador o África”.

Esta práctica, según los denunciantes, contradice las leyes estadounidenses e internacionales sobre deportaciones a terceros países, las cuales requieren el consentimiento del país receptor y garantías de que la persona no sufrirá persecución.

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Abusos físicos y sexuales dentro del campamento

Las declaraciones juradas describen un patrón de violencia física y humillación por parte de los guardias: múltiples detenidos relatan golpizas y abuso sexual. El mismo Isaac declaró que los guardias lo golpearon, lo estrellaron contra la pared unas 10 veces y que agarraron y aplastaron sus partes íntimas con sus manos: ”fue muy doloroso y humillante”.

En otro caso, un detenido adolescente, identificado como “Samuel”, relató que un oficial tomó sus partes íntimas y las aplastó con fuerza, mientras otro le “metió los dedos profundamente en mis oídos”. Tras ser golpeado y perder un diente, perdió el conocimiento y fue hospitalizado. Afirma que luego le cobraron el viaje en ambulancia.

Condiciones de vida inhumanas y negligencia

El campamento, compuesto por carpas que albergan a más de 2,700 personas, es descrito como insalubre y carente de lo más básico.

  • Colapso sanitario: Las carpas sufren fallas constantes en el drenaje. Los detenidos reportan que las aguas negras de los baños y duchas se desbordan, inundando las áreas para dormir y comer con desechos humanos. A falta de suministros de limpieza, han tenido que usar su propia ropa para intentar limpiar.
  • Negligencia médica deliberada: Se reportan casos de diabéticos a los que se les niega insulina durante días, causando desmayos, y personas con hipertensión ignoradas hasta sufrir episodios graves. La administración de medicamentos recetados es irregular o nula.
  • Comida insuficiente y podrida: Las raciones de comida son descritas como del “tamaño de un puño” y, en ocasiones, en estado de descomposición, provocando pérdida de peso rápida entre los detenidos.
  • Aislamiento y acceso restringido: El acceso a abogados y recursos legales es severamente limitado. No hay una biblioteca legal funcional, el acceso a teléfonos no es privado y las visitas legales son bloqueadas o retrasadas. Muchos detenidos reportan no haber visto la luz del sol o haber estado al aire libre durante semanas o meses.

La respuesta oficial y el contexto legal

Las autoridades han respondido con un desmentido total y han defendido sus políticas. Tricia McLaughlin, Subsecretaria Adjunta del DHS, afirmó:

Cualquier afirmación de que hay condiciones ‘inhumanas’ en los centros de detención de ICE es categóricamente falsa. Ningún detenido está siendo golpeado o abusado”.

Aseguró que los detenidos reciben comidas adecuadas, atención médica, duchas y acceso a abogados.

McLaughlin defendió la política de deportación a terceros países, advirtiendo: “Si infringen nuestras leyes y vienen a nuestro país ilegalmente, podrían terminar en cualquier número de terceros países”. Esta práctica, históricamente rara, se ha expandido bajo la actual administración.

El campamento, al estar dentro de una base militar, tiene un acceso extremadamente restringido para medios de comunicación y observadores independientes, lo que según las organizaciones facilita los abusos.

La congresista por Texas Veronica Escobar ha exigido transparencia inmediata al DHS, describiendo el lugar como un “peligro para la salud pública”.

¿Qué exigen las organizaciones?

La coalición de derechos humanos ha presentado demandas claras a las autoridades federales:

  1. Cierre inmediato: Solicitan el cierre definitivo del Camp East Montana en Fort Bliss.
  2. Investigación exhaustiva: Piden una investigación federal inmediata e independiente sobre todas las acusaciones de abuso, negligencia y deportaciones irregulares.
  3. Suspensión de deportaciones: Exigen que se suspendan todas las deportaciones a terceros países desde ese campamento hasta que se implementen salvaguardas procesales reales.
  4. Rendición de cuentas: Demandan que los responsables de los abusos sean identificados y procesados.

Esta denuncia pone una lupa sobre las condiciones opacas de los centros de detención migratoria y plantea serias preguntas sobre el cumplimiento del debido proceso y los estándares básicos de derechos humanos dentro de la política fronteriza actual.

La discrepancia entre los testimonios jurados de decenas de detenidos y la negativa oficial total anticipa un conflicto que probablemente definirá futuras batallas legales y políticas.

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