Estados Unidos responsabiliza a “régimen criminal” de Maduro por muerte de preso político

A través de la plataforma X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense emitió un contundente comunicado: “La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz... es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”.

El mensaje, replicado en español por la Embajada de EE.UU. en Venezuela, describió el centro de detención conocido como “El Helicoide” –sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)– como un “centro de tortura”.

Esta declaración se enmarca en un momento de escalada diplomática y militar, tras el reciente despliegue de fuerzas navales estadounidenses en aguas del Caribe cercanas a Venezuela. Washington justifica la movilización como parte de la lucha contra el narcotráfico, mientras el gobierno de Caracas la percibe como una “amenaza” destinada a forzar un cambio de gobierno.

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La versión oficial venezolana y el contexto de la detención

Frente a las acusaciones internacionales, el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó que Alfredo Díaz falleció el sábado 6 de diciembre a causa de un “infarto del miocardio”. Según el comunicado oficial, tras presentar síntomas fue trasladado al Hospital Clínico Universitario, donde falleció minutos después. La institución aseguró que el exgobernador era procesado “con plena garantía de sus derechos”.

Alfredo Díaz, exgobernador del estado Nueva Esparta, exalcalde y activista del partido Acción Democrática, fue detenido en noviembre de 2024. Su arresto se produjo en el clima de crisis política posterior a las elecciones presidenciales de julio de ese año, cuyo resultado –la reelección de Nicolás Maduro– fue denunciado como fraudulento por la principal coalición opositora. Díaz había cuestionado públicamente la falta de transparencia en los resultados electorales y denunciado una grave crisis de suministro eléctrico en su estado.

Los principales líderes opositores, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, responsabilizaron directamente al Estado venezolano por la muerte de Díaz. En un comunicado conjunto, advirtieron que su fallecimiento revela un “patrón sostenido de represión estatal” y señalaron que su integridad y vida eran “responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado”.

Los opositores descartaron que la muerte fuera un hecho “común” y elevaron la cifra a siete los presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado desde las elecciones de 2024. Esta afirmación convierte el caso en un símbolo de sus denuncias sobre el trato a disidentes políticos en el país.