Jueza amplía el derecho a audiencias de fianza para inmigrantes detenidos en todo EE.UU.

Una jueza federal en California amplió esta semana una decisión que podría permitir que miles de inmigrantes detenidos en Estados Unidos recuperen el derecho a solicitar una audiencia de fianza, luego de que el gobierno de Donald Trump eliminara esa posibilidad a mediados de año. La orden, que ahora tendrá alcance nacional, podría ser apelada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La decisión que cambia el panorama para inmigrantes detenidos

El martes, la jueza de distrito Sunshine S. Sykes extendió una orden emitida la semana pasada, la cual inicialmente solo protegía a un grupo específico de inmigrantes nombrados en una demanda en California. Con la ampliación, la medida ahora aplicará a todos los inmigrantes detenidos en el país sin antecedentes penales, permitiéndoles solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración.

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¿Qué cambia con esta orden?

Antes de los ajustes hechos por el gobierno de Trump:

• Los no ciudadanos arrestados lejos de la frontera
• Sin antecedentes penales
• Podían solicitar una audiencia de fianza
• Y permanecer en libertad mientras sus casos avanzaban en tribunales

Pero esa política se interrumpió cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que revisaría su autoridad de detención y que esos inmigrantes serían inelegibles para audiencias de fianza.

La jueza Sykes determinó el jueves que esa modificación era ilegal.

Alcance de la nueva orden: miles podrían beneficiarse

Los abogados estiman que miles de inmigrantes en centros de detención podrían verse beneficiados. Sin embargo, la medida no aplica a todos.

¿Quiénes quedan excluidos?

• Personas con condenas penales
• No ciudadanos con órdenes de expulsión acelerada

Para ellos, las audiencias de fianza siguen sin estar permitidas.

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Reacciones: debate legal y político

La decisión generó respuestas divididas dentro del gobierno y el ámbito legal.

Postura del Departamento de Seguridad Nacional

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, emitió un comunicado el miércoles señalando que una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia, tomada en septiembre, avalaba la política implementada por la administración Trump.

La funcionaria defendió esa política, argumentando que la normativa previa:

Liberó peligrosamente a millones de extranjeros ilegales no investigados en comunidades estadounidenses, y usaron muchos vacíos legales para hacerlo”.

No obstante, su declaración no aclaró si el gobierno apelaría la orden de la jueza Sykes, y el departamento no respondió preguntas adicionales sobre el tema.

Impacto en inmigrantes y tribunales de inmigración

Según Matt Adams, abogado principal de los demandantes, la orden ya ha comenzado a generar cambios inmediatos:

Adams señaló haber escuchado de jueces de inmigración que algunos detenidos están siendo notificados de su derecho a una audiencia de fianza, apenas días después de la publicación de las órdenes.

El abogado subrayó el perfil de muchos de los afectados:

Estas son personas que han estado viviendo aquí en Estados Unidos, muchas durante años, muchas durante décadas, que tienen familiares que son ciudadanos estadounidenses, que no tienen antecedentes penales, que no presentan ningún peligro ni existe riesgo de que se den a la fuga, y que sin embargo estaban siendo encarceladas sin ninguna posibilidad de ser liberadas durante estos largos procedimientos”.

La resolución de la jueza Sykes no solo reabre una vía legal que había sido cerrada meses atrás, sino que también coloca nuevamente en el centro del debate nacional la manera en que Estados Unidos gestiona la detención migratoria. Mientras el gobierno define si apelará, miles de familias esperan que este fallo marque un precedente hacia procesos más equilibrados y transparentes.

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