Fiscales federales defienden caso contra Luigi Mangione pese a postura del gobierno de la solicitud de la pena de muerte

ESTADOS UNIDOS.- Los fiscales federales afirmaron que los comentarios públicos realizados por funcionarios de la administración Trump no deben impedir que el gobierno continúe con el caso contra Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

En una presentación judicial de 121 páginas, el Departamento de Justicia (DOJ) argumentó que las declaraciones del presidente, de la fiscal general Pam Bondi y de otros funcionarios no justifican la desestimación de cargos ni la prohibición de solicitar la pena capital, según NBC News.

“La publicidad previa al juicio, incluso cuando es intensa, no es en sí misma un defecto constitucional”, escribieron los fiscales.

El caso Mangione: acusaciones y contexto

Mangione, de 27 años, está acusado de disparar fatalmente a Thompson, de 50 años, en el centro de Manhattan en diciembre pasado.

Enfrenta dos cargos federales de acoso, uno por asesinato con arma de fuego y otro por delito con armas de fuego.

El acusado se declaró inocente tanto de los cargos federales como de los casos estatales pendientes en Nueva York y Pensilvania vinculados al mismo hecho.

La presentación del gobierno responde a un largo intercambio con la defensa, que sostiene que los comentarios públicos de altos funcionarios han puesto en riesgo el derecho de Mangione a un juicio justo.

Declaraciones de Trump y difusión en redes

Según documentos presentados por los abogados defensores, el presidente Trump declaró en Fox News el 18 de septiembre que Mangione:

“Le disparó a alguien por la espalda, tan claramente como si me estuvieran viendo... Le disparó justo en medio de la espalda, causándole la muerte instantánea... Esto es una enfermedad. Esto realmente debe estudiarse e investigarse”.

Una cuenta X afiliada a la Casa Blanca, Rapid Response 47, compartió el video con más de 1.2 millones de seguidores, y Chad Gilmartin, funcionario del DOJ, también lo republicó. La defensa argumentó que estas acciones han influido en la opinión pública.

El DOJ respondió que ordenó retirar rápidamente las publicaciones y que los responsables no forman parte del equipo fiscal del caso.

Controversia por la pena de muerte

La defensa también cuestionó la solicitud de la pena capital, citando declaraciones de Bondi en Fox News en abril:

“La directiva del presidente fue muy clara: debemos solicitar la pena de muerte siempre que sea posible. Si alguna vez hubo un caso de pena de muerte, este es uno de ellos”.

Sin embargo, la presentación del viernes señala que “la retórica pública del Fiscal General o del Presidente no es un sustituto de la prueba del efecto perjudicial”, recordando que los tribunales presumen que los fiscales cumplen sus deberes salvo evidencia contundente en contrario.

Disputa por registros y nueva evidencia

La defensa de Mangione también buscó suprimir evidencia, alegando que el contenido de su mochila fue registrado sin orden judicial.

El gobierno afirmó que los oficiales actuaron justificadamente al asegurarse de que no hubiera artículos peligrosos antes de transportarla.

Entre los objetos incautados estaría un diario con una entrada que sugería que alguien debería “darle una paliza al director ejecutivo en la convención anual de contadores parásitos”. Thompson fue asesinado horas antes de la conferencia anual de inversores de UnitedHealthcare.

Debate nacional sobre salud y presión política

El asesinato de Thompson y el arresto de Mangione generaron un debate sobre los altos costos de la atención médica en Estados Unidos.

En una presentación previa, la defensa acusó a UnitedHealth de “intentos constantes de influir” en la administración Trump, citando reuniones reportadas por el Wall Street Journal y un aumento en actividades de cabildeo tras la muerte de Thompson.

UnitedHealth respondió que coopera con autoridades “para mejorar el acceso y la asequibilidad de los pacientes” en un momento de decisiones clave.

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Mangione deberá comparecer ante el tribunal el 1 de diciembre para una audiencia previa al juicio, en medio de un caso marcado por tensiones políticas, acusaciones cruzadas y una amplia atención pública.