Senado aprueba reformas y aumenta penas contra la extorsión en México; lo envían nuevamente a la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general, con 110 votos a favor, el dictamen que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una propuesta que eleva las penas para quienes cometan este delito y también para los servidores públicos que lo permitan o no lo denuncien.

El proyecto reforma diversas herramientas legales, entre ellas el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Debido a que los senadores realizaron modificaciones a la minuta original, el documento será enviado nuevamente a la Cámara de Diputados, que deberá avalar los cambios.

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¿Qué cambió con la reforma?

Penas más altas para quienes cometan extorsión

El Senado decidió endurecer los castigos. El dictamen aprobado establece:

• Nueva pena: de 15 a 25 años de prisión para responsables de extorsión.
• Pena original aprobada por Diputados: de 6 a 15 años, mucho menor que el nuevo rango.

Los legisladores argumentaron que la pena inicial podría “beneficiar a personas actualmente condenadas por extorsión”, por lo que consideraron necesario elevar los años de cárcel.

Obligación de actuar con respeto a derechos humanos

Por primera vez, el texto incluye la exigencia de que las autoridades actúen “con pleno respeto a los derechos humanos”, una frase que no aparecía en la minuta enviada por la Cámara de Diputados.

¿Cómo afectará a los funcionarios públicos?

La reforma incorpora sanciones severas para quienes, desde el servicio público, permitan o no denuncien la extorsión.

Servidores públicos que no denuncien

Quienes tengan facultades para prevenir, investigar, perseguir delitos, impartir justicia o vigilar centros penitenciarios enfrentarán:

• 10 a 20 años de prisión si no denuncian ante el Ministerio Público los actos de extorsión de los que tengan conocimiento.

Autoridades que faciliten la extorsión

Si servidores públicos o autoridades penitenciarias facilitan o permiten la extorsión, la pena será:

• 15 a 25 años de prisión,
• más un incremento adicional de 3 a 5 años por la conducta agravante.

Investigación fortalecida: nuevas unidades especializadas

Con el fin de mejorar la persecución del delito:

• Fiscalías federales y locales deberán contar con unidades especializadas en extorsión.
• El personal será capacitado, evaluado y certificado para atender estos casos.
• Mientras dichas unidades entran en operación, las áreas de combate al secuestro asumirán temporalmente la investigación de extorsiones.

Sanciones específicas en centros penitenciarios

La reforma también modifica la respuesta penal ante objetos ilícitos dentro de prisión:

• Quien introduzca sin autorización dispositivos electrónicos capaces de transmitir datos, voz o imágenes, enfrentará 6 a 12 años de prisión.

¿A dónde irán los recursos decomisados?

Los bienes asegurados o los recursos obtenidos por procedimientos de extinción de dominio por extorsión deberán destinarse, preferentemente, a la restitución de los derechos de las víctimas.

¿Qué sigue en el proceso legislativo?

Al haber cambios, la minuta regresa a la Cámara de Diputados, que deberá aprobar o modificar nuevamente el proyecto antes de que pueda promulgarse.