Ante expulsiones de migrantes Trump y su gobierno enfrentan investigación que ha sido reanudada por un juez, ¿En qué va?

WASHINGTON, D.C.- — Un juez federal en Washington reactivó una investigación para determinar si funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump violaron una orden judicial que prohibía vuelos de deportación a El Salvador.

La decisión llega después de que un tribunal de apelaciones autorizara la continuación del proceso, informó el Washington Post.

La indagación forma parte de un procedimiento que analiza si la Administración Trump incurrió en desacato al enviar a más de 200 migrantes —en su mayoría venezolanos— a una cárcel de máxima seguridad en ese país centroamericano, pese a un fallo que lo prohibía.

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¿Por qué se investiga al gobierno de Trump?

En abril, el juez federal James Boasberg ordenó una revisión para determinar si el Ejecutivo estadounidense ignoró deliberadamente una resolución judicial que impedía las deportaciones.

Ese fallo buscaba frenar vuelos que trasladaban migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por Trump el 14 de marzo para expulsar a personas a las que acusó de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua.

Boasberg advirtió en su momento que la orden habría sido incumplida, ya que dos aviones con migrantes continuaron su ruta hacia Centroamérica, incluso después de que él ordenara detener su salida. Ambos vuelos aterrizaron en El Salvador.

¿Qué dijo el juez sobre el alcance de la investigación?

Durante la audiencia de este miércoles, Boasberg explicó que el tribunal de apelaciones le dio autorización para continuar. Aclaró que su labor en esta etapa tiene un objetivo específico:

Mi investigación no consiste en determinar si se debe declarar al gobierno en desacato, sino en determinar si existe suficiente información para remitir el caso por desacato”, señaló.

El magistrado recalca que se trata de un análisis preliminar para establecer si hay elementos que ameriten un proceso formal de desacato contra funcionarios federales.

¿Quiénes serán llamados a declarar?

El juez adelantó que al menos dos personas deberán comparecer:

• Erez Reuveni, exinformante del Departamento de Justicia (DOJ), despedido del cargo.
• Drew Ensign, abogado del DOJ, señalado por Reuveni de haber engañado al tribunal respecto a los vuelos de deportación.

Estos testimonios ayudarán a determinar si hubo acciones deliberadas para evadir la orden judicial.

Las advertencias del juez en su fallo previo

En su opinión inicial de más de 40 páginas, Boasberg cuestionó la conducta del Ejecutivo al sostener que actuó con “completo menosprecio” hacia la resolución judicial que prohibía los vuelos.

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La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla”.

Permitir que el Gobierno “anulara” fallos judiciales “convertiría en una burla solemne a la propia Constitución”.

Estas afirmaciones marcaron el tono del conflicto y llevaron a Trump a sugerir incluso la posibilidad de un juicio político contra el juez.

Contexto legal del caso y otros procesos en curso

El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros provocó una disputa inmediata. Un día después de que Trump la invocara, Boasberg bloqueó su aplicación justo cuando dos aviones ya viajaban hacia Centroamérica. Pese a la orden, los vuelos no regresaron.

Además, la Casa Blanca enfrenta otro litigio tras la expulsión del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue enviado a El Salvador junto con los venezolanos. Un juez ordenó su retorno a Estados Unidos, lo que abrió un proceso paralelo sobre la legalidad de su deportación.

¿Qué sigue en esta investigación?

El juez continuará reuniendo testimonios y documentos para determinar si existen fundamentos suficientes para remitir el caso a un procedimiento formal de desacato.

De confirmarse, funcionarios del antiguo gobierno de Trump podrían enfrentar sanciones o procesos legales adicionales.

La resolución de esta indagación será clave para definir los límites de la autoridad presidencial en materia migratoria y para evaluar el respeto a las órdenes judiciales durante la implementación de políticas de deportación.