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Ejecutivo de agencia de entretenimiento entregado a la fiscalía tras abusar sexualmente de una mujer ebria, abandonarla en la calle y dejarla ciega

Un ejecutivo de una agencia de entretenimiento en Seúl fue remitido a la fiscalía por agresión sexual y abandono que dejaron a una mujer con ceguera permanente.

Corea del Sur. — El 19 de noviembre de 2025, la comisaría de policía de Seocho, en Seúl, remitió a la fiscalía a un ejecutivo de una reconocida agencia de entretenimiento, identificado como Sr. A, por los delitos de agresión sexual con agravantes y homicidio culposo. El caso ha generado gran indignación en Corea del Sur debido a la brutalidad de los hechos y a las consecuencias irreversibles para la víctima.

Ataque y abandono en plena vía pública

De acuerdo con la investigación, el pasado agosto, el Sr. A abordó a una mujer en estado de ebriedad y la mantuvo en su vehículo durante unos 20 minutos, hasta detenerse en un callejón cercano a una zona comercial en Gangnam-gu, Seúl. Allí, la agredió sexualmente y posteriormente la arrastró hasta un poste de luz en la vía pública, dejándola con una herida facial sangrante y sin asistencia médica.

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La víctima fue encontrada aproximadamente hora y media después por un transeúnte, quien alertó a los servicios de emergencia. Los médicos diagnosticaron hemorragia cerebral, fractura de cráneo y daño en el nervio óptico, lesiones que derivaron en la pérdida de visión en el ojo izquierdo.

Fallos previos en la justicia

Según los reportes, la policía solicitó en dos ocasiones una orden de arresto contra el Sr. A, pero ambas fueron desestimadas por los tribunales. Este hecho ha generado críticas hacia el sistema judicial, al considerar que se retrasó la acción legal pese a la gravedad de las pruebas presentadas.

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Finalmente, tras el avance de las investigaciones y la presión social, el acusado fue entregado a la fiscalía para enfrentar los cargos correspondientes.

Impacto social y judicial

El caso ha puesto en el centro del debate la responsabilidad de las autoridades en la protección de las víctimas y la necesidad de endurecer las medidas contra delitos sexuales y de violencia. La fiscalía deberá determinar las sanciones que correspondan, mientras organizaciones civiles exigen justicia y garantías para que hechos de esta magnitud no queden impunes.

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