En Estados Unidos se analiza un proyecto de ley que impondría hasta 30 años de prisión por abortar, elimina excepciones por violación e incesto y prohibiría anticonceptivos como el DIU, además limitaría la fecundación in vitro

Una propuesta que superaría cualquier restricción vigente en EU

ESTADOS UNIDOS — Carolina del Sur podría aprobar la ley contra el aborto más severa de Estados Unidos, una normativa que contempla penas extremas y amplias prohibiciones reproductivas.

La medida será discutida por segunda vez el martes en un subcomité del Senado estatal y propone castigos nunca antes considerados desde la anulación del caso Roe v. Wade en 2022, de acuerdo con La Jornada.

Entre sus puntos clave, el proyecto plantea:

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• Condenar a hasta 30 años de prisión a mujeres que aborten y a quienes las ayuden.
• Eliminar excepciones por violación e incesto antes de las 12 semanas.
• Prohibir métodos anticonceptivos que impidan la implantación del óvulo, incluidos los DIU.
• Restringir la fecundación in vitro (FIV).
• Criminalizar la información médica sobre abortos legales en otros estados.

Actualmente, la ley estatal prohíbe el aborto tras detectar actividad cardíaca fetal, alrededor de la sexta semana.

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Médicos alertan de riesgos penales y un futuro “campo minado legal”

La ginecóloga Natalie Gregory advirtió que la propuesta convertiría consultas médicas rutinarias en un entorno de alto riesgo.

Dijo que el proyecto abriría un “campo minado legal” para los profesionales, afectando conversaciones sobre anticonceptivos, embarazos no viables y opciones de fertilización in vitro.

“Constituye una extralimitación inconstitucional que amenaza la base misma de la atención médica en nuestro estado”, señaló. También calificó la iniciativa como un desperdicio de tiempo y dinero público.

División entre grupos antiaborto: ¿castigar o no a las mujeres?

La propuesta ha fracturado a organizaciones opositoras al aborto que antes actuaban cohesionadas.

South Carolina Citizens for Life, uno de los grupos más influyentes del estado, rechazó la medida al considerar que las mujeres “también son víctimas” y no deben ser castigadas.

En contraste, Equal Protection South Carolina respalda las penas extremas.“El aborto es un asesinato y debe ser tratado como tal”, declaró su fundador, Mark Corral.

Quién impulsa la mano dura: los “abolicionistas” del aborto

La profesora de derecho Mary Ziegler, experta en legislación reproductiva, explicó que el avance de propuestas más radicales se debe a un sector conocido como los “abolicionistas”, que presionan para catalogar el aborto como homicidio y han ganado influencia en estados conservadores.

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“Esto no va a desaparecer. La tendencia sigue cambiando y los abolicionistas tienen cada vez más influencia”, afirmó.

Dijo que el clima político nacional —con debates sobre matrimonios igualitarios y el rol de las mujeres en la fuerza laboral— ha ampliado su margen de acción: “Ahora los abolicionistas tienen más maniobra”.

Un futuro incierto en el Senado estatal

Aunque la propuesta avanza en subcomisiones, su destino es incierto:

• Un proyecto similar en la Cámara de Representantes fracasó el año pasado.
• Líderes republicanos de la Cámara expresaron satisfacción con la ley vigente.
• El Senado estatal tiene nueve nuevos republicanos desde la última votación sobre el aborto, y algunos derrotaron a las senadoras que frenaron prohibiciones más severas.

El senador Richard Cash, uno de los impulsores más estrictos, reconoce problemas en la prohibición de anticonceptivos y restricciones a la orientación médica, pero no ha especificado qué cambios respaldará la subcomisión.

Seis de los nueve integrantes del panel son republicanos.

Liderazgo republicano del Senado: sin garantías de debate

El líder de la mayoría en el Senado, Shane Massey, aseguró que no existe una decisión tomada:

“Puedo afirmarlo categóricamente: no solo no se ha tomado ninguna decisión sobre la presentación de ese proyecto de ley, sino que ni siquiera se ha debatido”.

A pesar de ello, la iniciativa se mantiene como uno de los debates más tensos en la política estatal y podría redefinir el panorama legal sobre los derechos reproductivos en Estados Unidos.

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