Exatleta y excontratista de la Guardia Costera demanda al gobierno de EEUU tras ser despedido por comentarios tras asesinato de Charlie Kirk

ESTADOS UNIDOS.- El exatleta del equipo estadounidense de esgrima y excontratista del gobierno federal, Peter Souders, presentó una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos al afirmar que fue despedido injustamente por expresar comentarios en Facebook sobre el asesinato de Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA.

Souders sostiene que su destitución constituye una represalia y una violación directa a sus derechos de la Primera Enmienda.

La querella fue presentada este miércoles ante el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Columbia, según NBC.

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Entre los demandados se encuentran el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Defensa (DoD), la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, el secretario de Defensa Pete Hegseth, así como altos funcionarios de ambas dependencias.

Trabajaba para una empresa contratista

Souders, de 35 años, se desempeñaba como ingeniero y gerente de proyectos para la empresa contratista Advanced Concepts Enterprises Inc. (ACES), y trabajaba desde julio en la sede de la Guardia Costera.

Su demanda asegura que fue despedido “en represalia por su discurso privado sobre un asunto de gran interés nacional”.

Según el documento judicial, el 17 de septiembre el subsecretario adjunto de Defensa para Política de Personal Civil, Michael Cogar, envió un correo alertando sobre el “comportamiento inapropiado” de un contratista. Después, Greyson McGill, jefe de gabinete del subsecretario de Gestión del DHS, solicitó confirmar si la publicación en redes pertenecía a Souders.

Una vez corroborada su identidad, McGill habría ordenado “ejecutar sin demora todas las acciones necesarias de desvinculación y terminación del acceso” del contratista.

Aunque la demanda no detalla el contenido exacto de sus publicaciones, comentarios atribuidos a un perfil llamado Peter Souders circularon en X el 11 de septiembre.

En uno se afirmaba que Kirk era “notorio islamófobo”, “agente de Putin” y “nazi”. Otro decía: “No puedes estar a favor de golpear a los nazis y luego fingir que es algo malo cuando alguien realmente lo hace”.

El abogado del demandante, Mark Zaid, confirmó que estos comentarios sí fueron publicados por Souders, aunque aclaró que su equipo aún desconoce cuáles fueron vistos o utilizados por el gobierno para justificar el despido.

Despido inmediato y efectos colaterales

Souders fue destituido el 18 de septiembre. Su empresa ACES le informó que recibieron una notificación federal instruyendo la terminación inmediata de su contrato.

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El día previo, incluso su credencial dejó de permitirle salir del edificio, aunque situaciones similares ya habían ocurrido.

Zaid aseguró que Souders no se identificaba en Facebook como empleado del gobierno y que su despido representa un intento de censurar opiniones privadas:

“Este caso aborda una cuestión mucho más amplia que la de un solo demandante (…) representa una amenaza constante para todo aquello que consideramos sagrado en nuestro país”.

Silencio del gobierno y contexto nacional

La Casa Blanca remitió cualquier comentario al DoD y al DHS. El Departamento de Defensa y la Guardia Costera declinaron pronunciarse, mientras que otras agencias no respondieron.

El caso ocurre tras una ola de despidos de empleados públicos que realizaron comentarios considerados inapropiados tras la muerte de Kirk, entre ellos pilotos, docentes y personal médico.

Funcionarios de defensa aseguraron que Hegseth instruyó identificar y sancionar a cualquier miembro del servicio que se burlara del asesinato.

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Lo que busca el demandante

Souders solicita ser reinstalado en su puesto en la Guardia Costera, así como compensación económica, reparación equitativa y el pago de honorarios legales.

Su abogado asegura que se trata de la primera demanda conocida por despido laboral directamente relacionado con el caso del asesinato de Charlie Kirk.

El proceso legal podría sentar un precedente sobre los límites del gobierno federal para intervenir en el discurso político de contratistas y empleados públicos.