Estados Unidos justifica ataques en el Caribe bajo leyes de guerra pese a críticas por posibles ejecuciones extrajudiciales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este miércoles que los ataques recientes contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico fueron ordenados dentro del marco de las leyes de conflicto armado. Según el gobierno estadounidense, estas acciones se llevaron a cabo como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico internacional, luego de que la administración de Donald Trump declarara que el país se encuentra en un “conflicto armado con los cárteles de drogas latinoamericanos”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que el más reciente ataque tuvo lugar el pasado fin de semana en el océano Pacífico, donde murieron seis personas. En total, las operaciones de las últimas semanas habrían dejado al menos 76 muertos, según reportes oficiales.

¿Cuál es la postura del Departamento de Justicia?

De acuerdo con un portavoz del Departamento de Justicia, los ataques fueron órdenes legales y, por lo tanto, los militares que participaron no pueden ser procesados judicialmente.

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El personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes lícitas y, como tal, no puede ser procesado.

Señaló el funcionario.

El diario The Washington Post reveló que en julio pasado el Departamento de Justicia elaboró un informe clasificado que establece la base legal de las operaciones y protege a los involucrados de futuras acciones judiciales.

La ONU sobre la legalidad de los ataques

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó al gobierno estadounidense a investigar la legalidad de las operaciones. En declaraciones a la agencia AFP, Turk advirtió que hay “fuertes indicios” de que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, pues deberían considerarse operaciones de aplicación de la ley, sujetas a las normas internacionales de derechos humanos.

El funcionario explicó que, bajo esos estándares, el uso de la fuerza letal debe ser el último recurso, limitado a situaciones de ataques inminentes. Según Turk, lo ocurrido en el Caribe y el Pacífico no cumple con esas condiciones y requiere una investigación independiente.

¿Qué motivó la justificación legal del gobierno estadounidense?

En una carta enviada al Congreso de Estados Unidos, la administración Trump argumentó que los ataques forman parte de una campaña militar contra grupos que el gobierno considera organizaciones terroristas, en referencia a los cárteles de drogas latinoamericanos.

Esta postura busca legitimar el uso de la fuerza militar fuera del territorio estadounidense, en lugar de tratar las operaciones como acciones policiales. Sin embargo, expertos en derecho internacional y organismos de derechos humanos han expresado preocupación por el riesgo de violaciones graves a las leyes humanitarias.

¿Cómo han reaccionado otros gobiernos de la región?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos, acusó a Washington de utilizar la lucha antidrogas como pretexto para aumentar la presencia militar en la región. Según Maduro, esta estrategia formaría parte de un intento por desestabilizar su gobierno.

Hasta ahora, no se ha anunciado ninguna investigación formal internacional sobre los hechos, aunque la presión de organismos multilaterales podría aumentar si se confirman las denuncias de violaciones a derechos humanos.

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