Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema mantener congelados los pagos completos del programa SNAP mientras millones continúan sin asistencia alimenticia; el Congreso podría aprobar pronto un acuerdo
Varios estados han advertido sobre graves afectaciones si no se reembolsan los fondos ya entregados

Washington — El gobierno del presidente Donald Trump pidió este lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos mantener en pausa los pagos completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que ayuda a comprar alimentos para 42 millones de personas en todo el país, mientras continúa el cierre del gobierno.
Este movimiento es el más reciente dentro de una serie de acciones legales que buscan definir si el programa debe seguir entregando los beneficios completos o si puede reducirse temporalmente. Tribunales inferiores ya habían ordenado mantener los pagos, pero el gobierno federal solicitó que esas órdenes fueran suspendidas.
El Procurador General D. John Sauer confirmó que el gobierno federal busca frenar esos pagos, aunque también reconoció que el Congreso podría aprobar pronto un acuerdo bipartidista para terminar el cierre y garantizar la financiación del SNAP.
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Incertidumbre para los estados y millones de beneficiarios
Los estados encargados de administrar el programa enfrentan dudas sobre si deben entregar los beneficios completos o parciales mientras las disputas legales continúan. Durante el fin de semana, la administración Trump exigió a los estados revertir los pagos completos que se hicieron brevemente tras una orden judicial que luego fue suspendida temporalmente por la Corte Suprema.
Una Corte de Apelaciones en Boston mantuvo la orden de pagar los beneficios completos, aunque la decisión de la Suprema Corte impide que el gobierno desembolse fondos adicionales durante al menos 48 horas más.
La jueza Julie Rikleman, del Primer Circuito, criticó la falta de preparación del gobierno para realizar pagos parciales y señaló que millones de personas se encuentran sin recibir sus beneficios a más de una semana de iniciado noviembre.

Advertencias de los estados sobre posibles afectaciones
Algunos estados han advertido que, sin reembolsos federales, podrían enfrentar “interrupciones operativas graves”. Otros, en cambio, decidieron usar fondos propios o distribuir beneficios parciales para evitar que las familias se queden sin dinero para alimentos.
El Departamento de Agricultura, encargado de supervisar el programa, aún no ha dado nuevas instrucciones a los estados. La Corte Suprema podría decidir el martes si mantiene la suspensión de los pagos completos o permite que se liberen los fondos.
Demandas y decisiones judiciales previas
El gobierno de Trump había anunciado que no habría pagos del SNAP en noviembre debido al cierre del gobierno. Tras varias demandas de estados y organizaciones sin fines de lucro, jueces en Massachusetts y Rhode Island ordenaron al gobierno mantener los beneficios.
Posteriormente, la administración ofreció cubrir solo el 65% del monto mensual, pero el juez John J. McConnell, de Rhode Island, dictaminó que debía entregarse el 100% de los beneficios. Algunos estados cumplieron la orden y comenzaron a transferir los fondos a las tarjetas EBT, pero la jueza Ketanji Brown Jackson suspendió temporalmente la decisión a la espera de la apelación.
Posturas enfrentadas entre estados y el gobierno federal
De acuerdo con AP, la administración Trump argumenta que la orden judicial de pagar los beneficios completos viola la Constitución, al interferir con las facultades del Congreso y del Poder Ejecutivo para decidir sobre el gasto público.
Sin embargo, algunos gobernadores demócratas han dicho que no recuperarán los fondos ya entregados. El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, aseguró que las familias beneficiadas no deben preocuparse por perder su apoyo y calificó el conflicto como una disputa política que no debe afectar a los hogares que dependen del programa.
Mientras tanto, organizaciones civiles como el Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro señalaron que los retrasos y las decisiones judiciales “profundizan el sufrimiento de niños, adultos mayores y familias trabajadoras” y pidieron al gobierno restablecer de inmediato la entrega de alimentos a quienes más lo necesitan.
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