RÍO DE JANEIRO. La cifra de muertos tras la gigantesca redada policial lanzada esta semana en las favelas de Penha y Complexo do Alemão, en Río de Janeiro, ascendió este jueves a 121 personas, lo que la convierte en la operación más letal en la historia reciente de Brasil, según confirmaron las autoridades locales.

El operativo, que comenzó el martes y se extendió por más de 48 horas, tenía como objetivo desarticular al grupo Comando Vermelho (Rojo), una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Sin embargo, la magnitud de la violencia desatada ha generado protestas masivas, denuncias de ejecuciones extrajudiciales y reclamos de intervención federal.

Una operación sin precedentes

De acuerdo con la policía, en el operativo participaron 2 mil 500 agentes y soldados, apoyados por helicópteros y vehículos blindados. El saldo oficial incluye 121 muertos, entre ellos cuatro policías, y 113 personas detenidas. Además, fueron incautadas 118 armas —principalmente fusiles— y más de una tonelada de drogas.

Deportes

La NFL Conquista el Maracaná: Anuncian partido oficial en Río de Janeiro

Las autoridades aseguran que la redada fue el resultado de una investigación de un año sobre las operaciones del Comando Vermelho, que controla el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en varias comunidades de bajos ingresos.

No obstante, organizaciones de derechos humanos, líderes comunitarios y vecinos acusan a las fuerzas de seguridad de cometer una masacre indiscriminada. Testimonios locales afirman que muchas víctimas fueron ejecutadas, baleadas por la espalda o rematadas en el suelo.

Denuncian ejecuciones

Vimos personas atadas, con heridas de arma blanca y tiros en la cabeza. Esto no fue un enfrentamiento, fue una ejecución”, denunció Raull Santiago, activista del Complexo da Penha.

En las calles de Penha, decenas de cuerpos fueron colocados por familiares y vecinos como forma de protesta. Gritos de “¡asesinos!” y “¡justicia!” resonaron frente al Palacio Guanabara, sede del gobierno estatal, donde manifestantes exigieron la renuncia del gobernador Cláudio Castro.

“Esto fue una masacre”, lamentó Bárbara Barbosa, trabajadora doméstica cuyo hijo murió en una operación previa. “¿Tenemos una sentencia de muerte por vivir en una favela?”, cuestionó entre lágrimas.

La violencia paralizó la vida cotidiana en las zonas afectadas: escuelas cerradas, clases universitarias suspendidas, calles bloqueadas con autobuses y comercios sin abrir.

Críticas internacionales y exigencias de investigación

El operativo ha generado una ola de condenas dentro y fuera de Brasil. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU pidió una investigación independiente y advirtió que el país debe “romper el ciclo de extrema brutalidad” en sus operaciones policiales.

“Brasil debe garantizar que las acciones de seguridad cumplan con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”, declaró Marta Hurtado, portavoz del organismo.

Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro calificó la redada como un acto de “barbarie” y la comparó con la Operación Orión de 2002 en Medellín, uno de los episodios más oscuros de la historia reciente colombiana.

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, pidió reforzar la frontera con Brasil ante el riesgo de que miembros del crimen organizado huyan hacia su país.

Deportes

La NFL Conquista el Maracaná: Anuncian partido oficial en Río de Janeiro

Tensión política en Brasil

La redada también desató un fuerte choque político entre el gobierno federal y las autoridades del estado de Río de Janeiro. El gobernador Cláudio Castro, del Partido Liberal —afiliado al expresidente Jair Bolsonaro—, acusó al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de no brindar apoyo suficiente.

El estado está solo en esta guerra contra el narcoterrorismo”, afirmó Castro, calificando la operación como un “éxito” pese al elevado número de muertos.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, rechazó las acusaciones y afirmó que el gobierno federal ha autorizado repetidamente el despliegue de fuerzas nacionales en Río. También pidió reflexionar sobre si este tipo de acciones son compatibles con un Estado de derecho democrático.

En respuesta a la crisis, Lula promulgó el jueves una nueva ley federal que endurece penas contra la conspiración y la obstrucción de acciones policiales, además de reforzar la protección a funcionarios y sus familias.

El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, anunció la creación de una comisión especial para investigar la estructura y expansión del crimen organizado en Brasil, en medio de crecientes críticas por la falta de coordinación entre los niveles de gobierno.

“Matar a más de 100 personas no resolverá nada”

Expertos en seguridad advierten que las operaciones de fuerza extrema no han reducido la violencia en Río de Janeiro. “Los muertos pronto serán reemplazados”, advirtió Roberto Uchôa, del Foro Brasileño de Seguridad Pública, quien señaló que las facciones criminales se fortalecen pese a las masacres.

Desde 2005, Río ha sido escenario de redadas letales, pero ninguna con la magnitud de esta semana. En 2005 murieron 29 personas en la Baixada Fluminense, y en 2021, 28 en Jacarezinho.

Hoy, con 121 muertos confirmados, la tragedia del Complexo de Penha y Alemão supera todos los registros y reabre el debate sobre el uso de la fuerza policial en Brasil y la urgencia de una reforma profunda en las políticas de seguridad.

“Pueden detenerlos, no matarlos”, dijo Elisangela Silva, una residente de Penha. “Sí, son traficantes. Pero también son humanos.”