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Operación Madre Tierra VII, dirigida por la Interpol, revela más de 400 delitos ambientales en América Latina; 225 individuos han sido arrestados

Las autoridades identificaron 15 casos transnacionales con múltiples rutas de tráfico, utilizadas para llevar especies y recursos ilegales a mercados en Europa y Asia.

Operación Madre Tierra VII, dirigida por la Interpol, revela más de 400 delitos ambientales en América Latina; 225 individuos han sido arrestados

Una operación coordinada por la Interpol contra los delitos ambientales en el continente americano ha concluido con un balance contundente: 225 personas arrestadas y varios centenares más identificadas para acciones posteriores. La iniciativa, denominada Operación Madre Tierra VII, desveló una alarmante diversidad de crímenes que afectan a los ecosistemas.

Estrategia policial contra el crimen ambiental

Desarrollada entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2025, la operación fue dirigida desde la Oficina Regional de Interpol para América Central, con el respaldo crucial de su unidad de Seguridad Ambiental. Este esfuerzo colectivo reunió a fuerzas policiales de nueve naciones con el objetivo principal de identificar sospechosos, compartir inteligencia policial y focalizar acciones en zonas críticas conocidas por esta actividad delictiva.

Los resultados preliminares documentan más de 400 delitos ambientales reportados durante el periodo de intervención, destacando la magnitud del problema.

Desglose de una crisis multifacética

Las estadísticas revelan la gama de actividades ilícitas que plagan la región. La tala y los delitos forestales encabezan la lista con 203 casos, seguidos de cerca por el tráfico de fauna silvestre, que registró 138 incidencias. Completan el panorama 26 casos de pesca ilegal, 23 de minería no autorizada y 16 delitos relacionados con contaminación ambiental.

El análisis de inteligencia permitió a las autoridades identificar 15 casos con claros componentes transnacionales, desentrañando múltiples rutas de tráfico utilizadas para llevar especies y recursos ilegales hasta mercados en Europa y Asia.

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Incautaciones que salvan ecosistemas

Los decomisos realizados pintan un panorama preocupante sobre la explotación de especies protegidas. Entre la fauna rescatada figuran aves, reptiles, tortugas, primates y grandes felinos. Además, se interceptaron 2.4 toneladas de aletas de tiburón y raya, 875 kg de totoaba (especie en peligro crítico) y 7 kg de pepino de mar seco.

En el ámbito forestal, las incautaciones incluyeron madera de pino, roble, guanacaste, laurel y ciprés. Entre los botines de mayor valor se encuentra cedro y palo de rosa, especies listadas en la Convención CITES. El valor en el mercado negro de estas maderas es extraordinario; el cedro puede alcanzar entre 200 y 900 dólares por metro cúbico, mientras que el palo de rosa puede superar los 6,000 dólares por metro cúbico, dependiendo de su calidad.

Vínculos con crimen organizado y graves delitos conexos

La operación evidenció la conexión directa entre los delitos ambientales y redes de crimen organizado que operan a través de continentes. Se detectaron focos de deforestación que superan las 50,000 hectáreas, vinculados a estas estructuras criminales.

Un caso emblemático en Panamá destapó una operación de minería ilegal de oro a gran escala. Esta actividad no solo generaba un grave daño ambiental, sino que involucraba trabajo infantil, tráfico de personas y contaminación por mercurio.

Investigaciones paralelas descubrieron contrabando de mercurio y una contaminación generalizada de fuentes de agua, representando un riesgo severo para la salud pública y los ecosistemas.

Como parte de los operativos, también se incautaron armas, vehículos, embarcaciones y equipos de comunicación utilizados por las redes criminales.

Compromiso internacional y sostenibilidad de la acción

La operación se ejecutó en el marco del Proyecto GAIA, una iniciativa financiada por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección del Consumidor de Alemania (BMUKN), a través de la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI).

El trabajo se realizó en estrecha coordinación con la Comisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia. Entre los países participantes se encuentran Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

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