¿Qué es la lista Clinton que se ha llenado de funcionarios de Colombia y cómo reaccionaron a su inclusión?
Cabe aclarar que no se trata de un proceso judicial, sino de una sanción administrativa.
BOGOTÁ, Colombia. — La Lista Clinton, conocida formalmente como la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha sido un instrumento clave en la lucha contra el narcotráfico y actividades ilícitas desde la década de 1990.
En Colombia, este registro ha incluido a numerosos individuos y entidades vinculados al crimen organizado, pero su reciente expansión para abarcar a altos funcionarios del gobierno actual, como el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, su esposa Verónica del Socorro Alcocer García, su hijo Nicolás Fernando Petro Burgos y el ministro del Interior Armando Alberto Benedetti Villaneda, ha generado un escándalo diplomático sin precedentes.
Esta inclusión, anunciada el 24 de octubre de 2025, representa un punto de inflexión en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, exacerbando tensiones políticas y económicas, principalmente por los recientes ataques estadounidenses a embarcaciones salidas de Colombia, supuestamente cargadas con droga.
A lo largo de este artículo, exploraremos el origen y funcionamiento de la lista, los motivos detrás de estas designaciones y las reacciones de los afectados, basándonos en fuentes oficiales y reportes periodísticos.
¿Qué es la Lista Clinton?
La Lista Clinton debe su nombre al expresidente estadounidense Bill Clinton, quien en 1995 firmó la Orden Ejecutiva 12978 para combatir el narcotráfico internacional y el lavado de activos, enfocándose inicialmente en carteles colombianos como el de Cali, de acuerdo con Infobae.
De acuerdo con Publimetro, herramienta administrativa permite a la OFAC bloquear activos financieros, prohibir transacciones con ciudadanos o entidades estadounidenses y restringir el acceso al sistema financiero global a personas o empresas sospechosas de vínculos con drogas ilícitas, terrorismo, corrupción o violaciones a derechos humanos.
Las consecuencias son severas:
- Congelamiento de cuentas bancarias
- Revocación de visas
- Aislamiento diplomático
- Dificultades para operaciones cotidianas en el exterior
- Reservas hoteleras o compras internacionales
No se trata de un proceso judicial, sino de una sanción administrativa que puede apelarse, pero su impacto reputacional es inmediato y duradero. Históricamente, la lista se ha “llenado” de colombianos vinculados al narcotráfico.
¿Cuántas y qué personas están en la lista Clinton?
Desde su creación, ha incluido a figuras como los hermanos Rodríguez Orejuela del Cartel de Cali, miembros del Cartel del Norte del Valle y empresas fachada para lavado de dinero. En años recientes, se han agregado paramilitares, guerrilleros y hasta equipos de fútbol como el América de Cali o el Envigado FC, por presuntos lazos con el crimen organizado.
Según datos de EL TIEMPO, al 24 de octubre de 2025, la lista cuenta con al menos 370 nombres colombianos, incluyendo narcotraficantes, empresarios y políticos.
Sin embargo, la inclusión de un presidente en ejercicio es inédita; ni siquiera Ernesto Samper, durante el escándalo del Proceso 8.000 en los 90, fue designado.
Esta expansión refleja la percepción estadounidense de que las políticas del gobierno Petro han facilitado un aumento récord en la producción de cocaína, alcanzando niveles históricos bajo su administración.
¿Por qué han incluido a más colombianos en la lista?
Los motivos específicos para las inclusiones del 24 de octubre de 2025 se detallan en el comunicado del Departamento del Tesoro. Gustavo Petro fue designado por “haber participado o intentado participar en actividades que contribuyen materialmente al tráfico de drogas ilícitas”, citando su alianza con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el Cartel de los Soles y cambios en políticas antidrogas que supuestamente han incrementado la producción de coca.
Verónica Alcocer, la primera dama, fue incluida por proporcionar “apoyo financiero, material o tecnológico” a Petro, además de un nombramiento inconstitucional como embajadora en misión especial en 2023, anulado por un tribunal colombiano por violar la Constitución.
Nicolás Petro Burgos, hijo mayor y considerado “heredero político”, enfrenta acusaciones similares de apoyo, sumadas a su rol como jefe de campaña en Barranquilla en 2022 y una investigación en curso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Armando Benedetti, ministro del Interior, fue sancionado por su cercanía a Petro, incluyendo nombramientos en altos cargos y audios filtrados en 2023 donde discute financiamiento de campaña y obtención de votos, revelados por SEMANA.
Las reacciones no se hicieron esperar y revelan divisiones profundas en Colombia y a nivel internacional. Gustavo Petro calificó la medida como una “paradoja”, argumentando que ha luchado contra el narcotráfico durante décadas y que no posee activos en Estados Unidos: “No hay ninguna cuenta qué congelarme. No tengo ni ganas de hacer negocios en los Estados Unidos”. Anunció que contratará al abogado estadounidense Danny Kovalik para su defensa y enfatizó que la sanción es política, no basada en evidencia.
Reaccionan funcionarios a su inclusión en la lista
Nicolás Petro rechazó la inclusión como “persecución política y judicial sin precedentes”, señalando que su caso judicial no involucra narcotráfico ni la campaña presidencial, y que lo castigan solo por ser hijo del presidente.
Armando Benedetti la tildó de injusta, afirmando: “Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente Petro no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista”.
Verónica Alcocer no ha emitido declaraciones directas, pero fuentes indican que enfrentará bloqueos en cuentas y restricciones diplomáticas, afectando su influencia en entidades como Ecopetrol.
En el ámbito político colombiano, las respuestas son polarizadas. Opositores como María Fernanda Cabal celebraron la medida, viéndola como el inicio de más sanciones: “Petro, su familia y Benedetti en la lista Clinton. Hay más en camino”.
Juan Manuel Galán la llamó una “señal de alarma” que pone en riesgo la credibilidad y economía del país.
Por el contrario, aliados como la senadora Martha Peralta la rechazó como absurda, defendiendo a Petro como combatiente histórico contra el narcotráfico.
La Cancillería colombiana emitió un rechazo oficial, argumentando que insulta la lucha contra las drogas y no contribuye a normalizar relaciones bilaterales.
Internacionalmente, el régimen de Maduro expresó solidaridad con Petro, mientras el Departamento de Estado de EE.UU. instó a “dejar de consentir a narcoterroristas”.
¿Qué consecuencias podría haber para Colombia?
Esta situación no solo afecta a los individuos designados, sino que podría generar un aislamiento económico para Colombia, impactando inversiones y cooperación bilateral. Expertos como Juan Carlos Portilla advierten de un “aislamiento” diplomático, con posibles aranceles y revocaciones de visas.
En un contexto de elecciones en EE.UU. y tensiones globales, la Lista Clinton se convierte en una herramienta política, cuestionando su neutralidad. Mientras tanto, Colombia enfrenta un desafío inédito: un presidente sancionado por el principal aliado histórico, lo que podría redefinir su política exterior y antidrogas en los meses venideros.
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