Fin de la protección migratoria: familias de militares, en riesgo bajo Trump
La nueva política migratoria de Donald Trump elimina protecciones que antes evitaban la deportación de familiares de militares en servicio, lo que ya provocó el caso de un padre mexicano expulsado pese a tener un hijo marine en California
Un giro en la política migratoria militar
ESTADOS UNIDOS — El caso de los padres de un marine mexicano deportados en California ha puesto en evidencia cómo la administración de Donald Trump ha cambiado la política de protección migratoria para las familias de quienes sirven en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
El Marine Steve Ríos, de Oceanside, California, contó a NBC 7 San Diego que sus padres, Esteban Ríos y Luisa Rodríguez, fueron detenidos el mes pasado por agentes de inmigración cuando acudieron a recoger a su hija embarazada y a su yerno —también infante de marina— en la base de Camp Pendleton.
Ambos llevaban tres décadas en Estados Unidos y tenían solicitudes de residencia permanente pendientes, pero fueron arrestados y liberados con grilletes electrónicos. Días después, al acudir a una entrevista con autoridades migratorias, fueron nuevamente detenidos y puestos bajo custodia, de acuerdo con Univisión.
“Me había dicho: ‘Esta es mi camisa de la suerte, así que estaremos bien’”, recordó Ríos sobre su padre, quien fue deportado el viernes pasado mientras vestía una gorra y una camisa con la leyenda “Orgulloso padre de un marine estadounidense”.
¿Qué protegía antes a los familiares de militares?
Durante años, los reclutadores del Cuerpo de Marines promovieron el servicio militar como una vía de estabilidad para familias sin estatus migratorio legal. Bajo gobiernos anteriores, el servicio militar era considerado un “factor atenuante significativo” por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al decidir sobre deportaciones o residencias permanentes.
El objetivo era mantener la moral militar y evitar que las familias de los soldados fueran separadas. Esta política ayudó a reclutar a miles de personas: hasta el año pasado, más de 40,000 no ciudadanos servían en las Fuerzas Armadas estadounidenses.
La administración de Joe Biden había mantenido esta línea, usando la cooperación migratoria como herramienta para fortalecer el alistamiento militar y asegurar que los soldados no temieran por el futuro de sus familias.
Lo que cambió con la administración Trump
En febrero, la nueva administración de Donald Trump emitió un memorando que revocó el enfoque anterior.El documento establecía que las autoridades migratorias “ya no eximirán” a ciertas categorías de personas, entre ellas familias de militares o veteranos, de las acciones de deportación.
La experta en derecho migratorio militar Margaret Stock explicó que esta medida rompe con décadas de tradición, donde el servicio de un familiar en las fuerzas armadas implicaba respeto o consideración ante procesos migratorios.
“Las fuerzas armadas utilizaron estos beneficios para expandir su personal, pero el reclutamiento se verá afectado sin ellos”, advirtió Stock, teniente coronel retirada y exprofesora de Derecho en West Point.
Más casos y efectos en el reclutamiento
El caso de la familia Ríos no es el único. En mayo, la esposa de un veterano del Cuerpo de Marines fue detenida en Louisiana mientras tramitaba su residencia, aunque un juez bloqueó su deportación.
Los veteranos sin ciudadanía también han manifestado preocupación por un posible aumento de deportaciones bajo las nuevas directrices. Según Stock, esta política podría agravar la escasez de reclutas, ya que “no hay suficientes ciudadanos estadounidenses sin familiares inmigrantes para satisfacer la necesidad de personal militar”.
De hecho, el Cuerpo de Marines declaró a The Associated Press que se ha instruido a los reclutadores a no insinuar que pueden garantizar beneficios migratorios a los solicitantes o sus familias, pues “no son la autoridad adecuada” para ello.
Un cambio con consecuencias
La deportación de Esteban Ríos, padre de un marine estadounidense, simboliza el impacto humano de esta nueva política.Familias que antes encontraban protección bajo el uniforme de un hijo o esposo militar ahora enfrentan el mismo riesgo de deportación que cualquier otro inmigrante sin papeles.
El caso ha reabierto el debate sobre lealtad, justicia y moral militar, cuestionando si el sacrificio de servir al país debería garantizar, al menos, la seguridad y estabilidad familiar.
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