Ley de Insurrección: ¿Cuál es la polémica y por qué funcionarios de la administración Trump están considerando seriamente invocarla?

ESTADOS UNIDOS.- Funcionarios de la Casa Blanca han mantenido discusiones recientes sobre la posibilidad de que el presidente Donald Trump invoque la Ley de Insurrección, una norma del siglo XIX que permite al mandatario desplegar tropas en servicio activo dentro de Estados Unidos con fines policiales, informaron a NBC News cinco personas con conocimiento directo de las conversaciones.

Las conversaciones se producen mientras Trump busca desplegar tropas de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Portland, Oregón, argumentando que son necesarias para reducir la delincuencia y proteger a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de manifestantes. Críticos sostienen que la administración exagera los problemas en esas localidades.

No se espera que la decisión sea inmediata, y el despliegue actual de la Guardia Nacional se limita a funciones de apoyo, dado que los militares en servicio activo no pueden realizar acciones de seguridad pública.

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La Ley de Insurrección, sin embargo, otorgaría esa capacidad al presidente.

Obstáculos legales y resistencia de gobernadores

El plan de Trump ha encontrado obstáculos legales: un juez federal de Oregón bloqueó el envío de miembros de la Guardia Nacional a Portland, y gobernadores de Oregón e Illinois se oponen al despliegue de tropas en sus estados, argumentando que no existen disturbios y que las autoridades cumplen con las órdenes judiciales.

La Casa Blanca anticipa que cualquier invocación de la ley enfrentaría desafíos legales y podría llegar a la Corte Suprema.

El mes pasado, un juez federal determinó que el despliegue de tropas en Los Ángeles violaba la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de fuerzas armadas como policía. Esto reavivó los análisis internos sobre la Ley de Insurrección y sus posibles defensas legales.

Defensas legales y enfoque de la administración

Según fuentes consultadas, los asesores legales de la Casa Blanca han elaborado múltiples estrategias para invocar la ley, aunque existe consenso en agotar primero todas las demás opciones.

Un funcionario describió el proceso como “una escalera mecánica” de escaladas legales y políticas.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, defendió las discusiones: “El gobierno de Trump se compromete a restablecer el orden público en las ciudades estadounidenses azotadas por la violencia debido a la mala gestión demócrata. El presidente Trump no se quedará de brazos cruzados mientras alborotadores violentos atacan a agentes federales del orden”.

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Contexto histórico de la Ley de Insurrección

La Ley de Insurrección puede invocarse a solicitud de un estado o cuando el presidente determine que “obstrucciones ilegales”, “rebelión” o “insurrección” han dificultado la aplicación de la ley. Durante la era de los Derechos Civiles, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson la utilizaron para proteger activistas o hacer cumplir la desegregación. Su última aplicación fue durante los disturbios de Los Ángeles en 1992.

Trump y la retórica sobre “insurrección”

Trump ha intensificado el uso del término “insurrección” para describir la resistencia a operativos del ICE en Chicago y Portland. Stephen Miller, subjefe de gabinete, ha defendido la invocación de la ley, describiendo a los manifestantes como “participantes en la violencia organizada contra el gobierno federal”.

Miller afirmó: “Esta es una campaña de insurrección total contra la soberanía de Estados Unidos porque el Partido Demócrata y quienes cometen actos de violencia en este país no creen en la legitimidad del territorio soberano de Estados Unidos”.