Controversia en Corea del Sur: consejero abofetea a persona con discapacidad y tribunales emiten fallos opuestos

Wonju, provincia de Gangwon, Corea del Sur, 5 de enero de 2024. — Un consejero vocacional de 60 años se encuentra en el centro de un debate legal y ético tras abofetear a una persona con discapacidad intelectual de nivel 1 en un centro residencial, mientras intentaba evitar que el afectado se atragantara con un bocadillo que había arrebatado a otra persona. La situación generó fallos judiciales contradictorios, dividiendo la opinión pública y cuestionando los límites de la intervención en casos de emergencia.

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El incidente y la primera condena

Según el relato de la Fiscalía, el Sr. “A” presenció que el Sr. “B”, de 39 años, metía un bocadillo en la boca de otra persona, lo que podría generar un riesgo inmediato de asfixia. En respuesta, pellizcó la mejilla derecha de “B” y le dio tres bofetadas en la mejilla izquierda.

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La Fiscalía argumentó que estas acciones constituían agresión física contra una persona con discapacidad, violando la Ley de Bienestar de las Personas con Discapacidad. El primer juicio consideró que “A” había actuado de manera inapropiada, imponiéndole una multa de 1 millón de wones, basándose en el testimonio de un testigo que presenció parte del incidente.

El tribunal concluyó que, aunque “B” tenía la boca llena de bocadillos, no parecía existir una situación de emergencia inmediata que justificara el uso de la fuerza física, y que “A” no había intentado métodos alternativos, como dar palmaditas en la espalda para que el alimento fuera expulsado.

La apelación y la absolución

Sin embargo, en el tribunal de apelaciones, la decisión fue revocada y "A” fue declarado inocente. El tribunal señaló que el testigo no presenció todo el contexto, lo que dificultaba comprender la urgencia de la situación. Además, se consideró que "B" tenía dificultades frecuentes para masticar y tragar, lo que incrementaba el riesgo de asfixia.

El tribunal determinó que, aunque abofetear a “B” no era la mejor opción, el acto fue un método inevitable ante una emergencia potencialmente mortal, dadas las circunstancias que impedían una comunicación efectiva con la persona con discapacidad.

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Debate ético y legal

El caso ha generado un intenso debate sobre los límites de la intervención en emergencias, la protección de personas con discapacidad y la responsabilidad de los cuidadores. Especialistas legales señalan que este tipo de situaciones obliga a equilibrar la seguridad inmediata con el respeto a la integridad física de los residentes.