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Departamento de Justicia de EEUU demanda a Minnesota y sus principales ciudades por políticas santuario que limitan cooperación en deportaciones

Autoridades estatales y locales aseguran que se trata de una represalia política y defenderán sus decisiones en tribunales

Departamento de Justicia de EEUU demanda a Minnesota y sus principales ciudades por políticas santuario que limitan cooperación en deportaciones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Minnesota, las ciudades de Minneapolis y St. Paul, y el condado de Hennepin, argumentando que sus políticas santuario interfieren con la autoridad federal para aplicar las leyes de migración.

La querella solicita a un tribunal federal invalidar las normas estatales y locales que, según la agencia, dificultan la entrega de personas consideradas como criminales y que podrían estar sujetas a deportación.

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¿Qué significa que Minnesota tenga políticas santuario?

Las llamadas políticas santuario son medidas adoptadas por gobiernos estatales o locales que limitan la cooperación con las autoridades federales de migración. En el caso de Minnesota, estas políticas incluyen:

  • No retener a individuos únicamente por órdenes de migración si no existe otra causa legal de detención.
  • No compartir datos de licencias de conducir con autoridades migratorias para la aplicación de leyes federales.

De acuerdo con la demanda, estas disposiciones han sido interpretadas por varios condados como una razón para no entregar a personas con órdenes de deportación.

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del martes 7 de febrero de 2017, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Protección de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), detienen en Los Ángeles a una persona que carecía de permiso para vivir en Estados Unidos. (Charles Reed/Servicio de Control de Inmigración y Protección de Aduanas vía AP, Archivo)

Los argumentos del gobierno federal

De acuerdo con El Universal, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, señaló que estas políticas ponen en riesgo a los ciudadanos.

Los funcionarios de Minnesota están poniendo en peligro la seguridad de sus propios ciudadanos al permitir que los extranjeros ilegales eludan el proceso legal.

Aseguró en su comunicado.

La administración del presidente Donald Trump ya había presentado demandas similares contra otros estados como Colorado, Illinois, Nueva York y Nueva Jersey, así como contra ciudades como Boston, Chicago, Denver, Los Ángeles y Rochester.

La fiscal general Pam Bondi escucha mientras el presidente Donald Trump celebra la ceremonia de firma de una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el lunes 25 de agosto de 2025, en Washington. | Crédito: AP/Evan Vucci

La postura de Minnesota frente a la demanda

El secretario de Justicia de Minnesota, Keith Ellison, negó que su estado obstaculice la colaboración con el gobierno federal para procesar a personas peligrosas.

Esta demanda infundada es solo más represalia política contra Minnesota y responderemos en los tribunales.

Ellison recordó que en febrero emitió una opinión consultiva en la que señalaba que ni la ley estatal ni la federal obligan a las autoridades locales a detener personas por órdenes de migración si no hay otra causa de custodia.

En esta imagen de archivo, tomada el 8 de julio de 2019, un agente de la agencia migratoria de Estados Unidos, ICE, durante una operación en Escondido, California. (AP Foto/Gregory Bull, archivo)

Alcalde de Minneapolis apoya a la comunidad

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, sostuvo que su ciudad seguirá siendo un espacio abierto para las comunidades migrantes.

Acogemos con orgullo a inmigrantes, refugiados y familias que buscan oportunidades.

Afirmó.

También señaló que la demanda responde a motivaciones políticas:

Donald Trump ha construido su carrera atacando a los migrantes y dividiendo a los estadounidenses, y ahora está arrastrando a nuestra ciudad a los tribunales.

Dijo Frey.

Con esta acción judicial, Minnesota se convierte en la jurisdicción más reciente en enfrentar una disputa con el gobierno federal por sus políticas migratorias. El caso ahora está en manos de un tribunal federal, que deberá decidir si las normas estatales y locales violan o no la autoridad del gobierno de Estados Unidos en materia de migración.

El resultado podría tener repercusiones para otros estados y ciudades que mantienen políticas santuario, definiendo hasta dónde pueden llegar las autoridades locales al establecer sus propios lineamientos frente a las leyes migratorias federales.

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