Corea del Norte intensifica el uso de la pena de muerte por ver contenido extranjero, según informe de la ONU
Crecen las ejecuciones públicas y el control total del régimen sobre la población.
De acuerdo con BBC, un reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha revelado que el gobierno de Corea del Norte ha incrementado significativamente el uso de la pena de muerte, incluso por delitos como ver y compartir películas o series extranjeras.
Esta medida extrema se enmarca dentro de una política más amplia de represión, vigilancia masiva y restricción de libertades fundamentales.
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El régimen castiga severamente el acceso a información externa
Desde 2015, al menos seis nuevas leyes han sido implementadas para permitir castigos más severos, incluyendo ejecuciones, por delitos como la distribución de contenido surcoreano o occidental.
Testimonios recopilados por el ACNUDH indican que estas ejecuciones se realizan públicamente por pelotones de fusilamiento, con el objetivo de sembrar el miedo entre la población.
Esta represión está dirigida especialmente a los jóvenes, quienes han mostrado mayor interés por contenidos culturales extranjeros. Según el informe, desde el año 2020 se ha intensificado esta práctica como parte de una estrategia del líder Kim Jong Un para aislar completamente al país del mundo exterior.
Aumento del trabajo forzado y represión sistemática
El informe documenta también el aumento del trabajo forzado, especialmente entre personas de bajos recursos, huérfanos y niños en situación de calle. Estas personas son integradas en brigadas que realizan trabajos peligrosos en construcción o minería, con la falsa promesa de mejorar su estatus social.
A pesar de los riesgos y muertes que conlleva esta labor, el régimen no toma medidas de protección. Por el contrario, glorifica a quienes mueren en el proceso, considerándolos “mártires del Estado”.
Durante los últimos diez años, Corea del Norte ha consolidado un control casi absoluto sobre todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos, según el informe. La tecnología ha sido una herramienta clave para profundizar esta vigilancia, bloqueando cualquier forma de pensamiento o comportamiento considerado subversivo.
Muchos de los más de 300 entrevistados que escaparon del país en la última década coinciden en que vivir en Corea del Norte se ha convertido en una experiencia de miedo constante, sin posibilidad de tomar decisiones propias, ni siquiera en lo económico o social.
Desilusión con el liderazgo de Kim Jong Un
Cuando Kim Jong Un asumió el poder en 2011, existía una expectativa de mejora en las condiciones de vida. Sin embargo, las promesas de crecimiento económico no se cumplieron, y desde que el régimen rechazó el diálogo diplomático en 2019, la situación humanitaria ha empeorado drásticamente.
Durante la pandemia de COVID-19, la falta de alimentos se agudizó, y muchos norcoreanos murieron de hambre. La represión alcanzó también a los mercados informales, única fuente de ingreso para muchas familias, dejándolas sin medios para sobrevivir.
Las cárceles y campos políticos siguen activos
El informe confirma que al menos cuatro campos de prisioneros políticos continúan operando. Las condiciones en estas instalaciones, junto con las prisiones comunes, siguen siendo inhumanas. Se reportan casos de tortura, abusos físicos, trabajo excesivo y muertes por desnutrición o negligencia médica, aunque se señala una leve disminución en la violencia por parte de los guardias.
Estas prácticas recuerdan las graves violaciones documentadas en el histórico informe de la ONU de 2014, que concluyó que Corea del Norte cometía crímenes de lesa humanidad.
La ONU pide acción internacional y el cierre de los campos
Ante esta situación crítica, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado a la comunidad internacional a llevar el caso ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Sin embargo, esta acción requiere la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, donde China y Rusia han bloqueado repetidamente cualquier sanción contra Corea del Norte desde 2019.
Además de exhortar al cierre inmediato de los campos de prisioneros y la abolición de la pena de muerte, el organismo internacional pidió al régimen norcoreano implementar políticas de educación en derechos humanos y permitir el acceso libre a la información.
El informe de 2025 reafirma que el pueblo norcoreano vive bajo un sistema donde la represión, el castigo extremo y la falta de libertades son la norma. Especialmente preocupante es el impacto en los jóvenes, quienes pese a las restricciones, continúan expresando un fuerte deseo de cambio y libertad.
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