La Corte Suprema de EEUU decidirá sobre la legalidad de los aranceles globales de Trump
El máximo tribunal revisará si el presidente se extralimitó en su autoridad al imponer masivos gravámenes bajo leyes de emergencia.
La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó este martes dirimir la legalidad de los aranceles globales impuestos por Donald Trump, en una prueba crucial para una de las medidas más audaces de su agenda económica y que ha definido su política comercial.
Los nueve jueces del máximo tribunal accedieron a escuchar la apelación interpuesta por el Departamento de Justicia, que busca revertir el fallo de un tribunal inferior.
Dicho fallo determinó que Trump se excedió en sus atribuciones al imponer la mayoría de sus aranceles invocando una ley federal de emergencia. El tribunal ha acelerado la tramitación del caso y programó los alegatos orales para la primera semana de noviembre.
La controversia se centra en el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. En agosto, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Washington dictaminó que Trump sobrepasó su autoridad al invocar esta ley para imponer aranceles, una herramienta que se había utilizado históricamente para imponer sanciones o congelar activos de enemigos, pero nunca para establecer gravámenes comerciales.
Anteriormente, en febrero, anunció gravámenes contra China, Canadá y México con el argumento de presionarlos para frenar el tráfico de fentanilo y drogas ilícitas hacia territorio estadounidense
A pesar de la disputa legal, los aranceles —que afectan a billones de dólares en comercio— siguen en vigor. Estos forman parte de una agresiva guerra comercial instigada por Trump desde su regreso a la política, que ha alienado a socios tradicionales de EE.UU., incrementado la volatilidad en los mercados financieros y añadido capas de incertidumbre a la economía global.
El gobierno, en su apelación, argumenta que la IEEPA autoriza al presidente a “regular” las importaciones en respuesta a “una amenaza inusual y extraordinaria”. Sin embargo, los demandantes —que incluyen a una empresa familiar de juguetes, Learning Resources— sostienen que la Constitución de EE.UU. encomienda explícitamente al Congreso, y no al presidente, la potestad de establecer impuestos y aranceles, y que cualquier delegación de esa autoridad debe ser clara y limitada.
Trump ha convertido los aranceles en una piedra angular de su política exterior, utilizándolos como palanca para renegociar acuerdos comerciales, obtener concesiones y ejercer presión sobre otros países. En abril, invocó la IEEPA para imponer aranceles alegando déficits comerciales con naciones individuales.
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La decisión de la Corte Suprema, que se espera tras los alegatos de noviembre, tendrá implicaciones profundas no solo para la legitimidad de las medidas de Trump, sino también para el equilibrio de poder entre la Presidencia y el Congreso en la política comercial estadounidense, sentando un precedente crítico para el uso futuro de poderes de emergencia en materia económica.
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