Juez federal se abstiene de ordenar la retirada inmediata de la Guardia Nacional de Los Ángeles
El juez Charles Breyer declinó, por ahora, considerar una solicitud de California para prohibir el despliegue de 300 efectivos, citando una apelación pendiente.

LOS ÁNGELES, California.- Un juez federal que la semana pasada determinó que el gobierno del presidente Donald Trump violó la ley al desplegar tropas de la Guardia Nacional en el área metropolitana de Los Ángeles, declinó este martes, considerar por el momento una solicitud del estado de California para emitir una orden judicial que prohibiera el uso actual de 300 efectivos.
El juez de distrito Charles Breyer, con sede en San Francisco, argumentó que no está seguro de tener la autoridad para evaluar la moción de California —que busca bloquear el despliegue adicional de tropas— dado que el caso se encuentra en apelación ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
Breyer suspendió indefinidamente todos los procedimientos relacionados con la petición estatal, aunque sugirió que las autoridades californianas podrían presentar la solicitud directamente ante el tribunal de apelaciones.
El fallo de Breyer, emitido el 2 de septiembre, cobra relevancia nacional ante la intención expresada por Trump de desplegar la Guardia Nacional en otras ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago, Baltimore y Nueva York. El mandatario ya ha utilizado estos efectivos en Washington D.C., donde ejerce control directo sobre la Guardia Nacional del Distrito de Columbia.

Su fallo previo había determinado que el gobierno de Trump violó la ley al desplegar tropas para labores policiales
Las tropas fueron enviadas a Los Ángeles a principios de junio, tras días de protestas por las redadas de inmigración. En su fallo, Breyer determinó que el gobierno actuó de manera “deliberada” al violar la ley federal, al ordenar a soldados, equipados con armamento y vehículos militares, realizar labores de control de multitudes, establecimiento de perímetros y presencia armada en las calles, actividades que excedían su autoridad legal.
Si bien el juez no ordenó la retirada inmediata de los 300 efectivos restantes, destacó que habían recibido entrenamiento inadecuado y prohibió al gobierno federal emplearlos en “tareas policiales”. La medida, aplicable solo a California, debía entrar en vigor el 12 de septiembre, pero el Noveno Circuito suspendió temporalmente la orden.
La solicitud de California buscaba bloquear una orden federal del 5 de agosto que extendió el despliegue por 90 días adicionales. Autoridades estatales advirtieron en un documento judicial que esta prolongación mantendría a los residentes “bajo una forma de ocupación militar hasta principios de noviembre”, incluso durante las elecciones del 4 de noviembre, un evento de “atención y significancia nacional”.
Hasta el momento, la fiscalía general de California no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre el siguiente paso legal.
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