Trump cambia reglas por crisis migratoria: jueces sin experiencia previa en casos de inmigración

Una medida sin precedentes en cortes migratorias

ESTADOS UNIDOS — La Casa Blanca defendió la decisión de duplicar la cantidad de jueces de inmigración en Estados Unidos como un esfuerzo “extraordinario” para enfrentar la crisis judicial migratoria. De acuerdo con un memorándum del 27 de agosto, la Administración Trump autorizó la designación de hasta 600 abogados militares y civiles para ejercer como jueces temporales en el Departamento de Justicia (DOJ).

El documento, difundido por la agencia AP, establece que los nuevos jueces serán desplegados en grupos de 150, “tan pronto como sea factible”, con designaciones de hasta 179 días que podrán renovarse según las necesidades del Gobierno.

Un portavoz de la Casa Blanca justificó la medida como una respuesta urgente: “Todos, incluyendo quienes esperan adjudicación, pueden coincidir en la urgencia de que el sistema funcione”.

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Flexibilización de requisitos para jueces

El Departamento de justicia anunció el 28 de agosto que flexibilizaría los requisitos para nombrar jueces temporales. Antes, solo podían postularse abogados con al menos 10 años de experiencia en derecho migratorio, además de exjueces o jueces administrativos.

Con la nueva normativa, cualquier abogado con licencia podrá ser designado como juez migratorio por un periodo de seis meses, con renovaciones ilimitadas. Washington defendió la decisión señalando que la experiencia en inmigración “no siempre es un buen predictor del éxito” y que la medida ofrece “mayor flexibilidad” para cubrir la demanda creciente.

Un rezago histórico en los tribunales

La crisis en los tribunales de inmigración no es nueva. En 2008, el atraso judicial rondaba los 186 mil casos. Para 2016, la cifra ya superaba el medio millón.

Durante el primer mandato de Donald Trump, el backlog siguió en aumento debido a un mayor número de detenciones en la frontera y a las restricciones procesales, que derivaron en más litigios. En 2021, ya bajo la transición de administración, el rezago alcanzó 1.5 millones de expedientes.

Durante la Administración Biden, los casos pendientes llegaron a los 3 millones en 2024. Hoy, bajo la campaña antiinmigrante impulsada nuevamente por Trump, los tribunales registran un récord de más de 3.5 millones de expedientes abiertos.

Críticas de jueces y especialistas

La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración cuestionó que los nuevos nombramientos se realicen sin considerar la experiencia y transparencia de los candidatos. A su juicio, esta política puede provocar una ola de decisiones apelables, lo que en lugar de reducir el atraso, lo agravaría.

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Por su parte, Adriel Orozco, integrante del American Immigration Council, alertó que el Gobierno está priorizando la rapidez sobre la justicia: “La dependencia de jueces temporales con cargos renovables puede generar incentivos para fallar en línea con las prioridades de la administración”.

Senadores denuncian politización

Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Edward Markey expresaron su preocupación por una politización sin precedentes del sistema judicial migratorio. En cartas enviadas al Departamento de Justicia, denunciaron despidos de jueces sin fundamentos claros y exigieron que los nombramientos se basen en méritos profesionales y no en lealtades políticas.

En contraste, varios líderes conservadores respaldaron la medida, argumentando que los jueces migratorios son empleados federales “a voluntad”, lo que permite al DOJ garantizar que el personal actúe en concordancia con las prioridades del Ejecutivo.

Un debate que expone dos visiones

Mientras el Gobierno de Trump defiende la medida como una acción extraordinaria para enfrentar la saturación del sistema, críticos insisten en que podría debilitar el debido proceso, afectar la imparcialidad judicial y crear un precedente de uso político en las cortes de inmigración.

Lo cierto es que el país enfrenta hoy la mayor acumulación de casos migratorios en su historia, y las decisiones que se tomen podrían marcar el rumbo de un sistema ya considerado en crisis.

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