Por qué el ataque de EEUU contra el barco de Venezuela en el Mar Caribe ‘rozó’ lo ilegal ante el derecho internacional
¿Fue legal el ataque de EEUU a un barco venezolano? Expertos en derecho internacional analizan por qué la operación antidroga podría violar normas marítimas y de derechos humanos.
WASHINGTON.- Un reciente operativo militar estadounidense en aguas del Mar Caribe, que resultó en la muerte de once personas identificadas por Washington como narcotraficantes, ha abierto un debate respecto a legalidad internacional.
Más allá de la narrativa oficial, expertos legales consultados por BBC Verify advierten que la acción “roza” lo ilegal y plantea serias cuestiones sobre la violación del derecho marítimo, los derechos humanos e, incluso, la constitución de los Estados Unidos.
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1. El flanco marítimo: Uso de la Fuerza “razonable y necesaria”
El primer y más evidente cuestionamiento surge del Derecho del Mar. Aunque Estados Unidos no es signatario formal de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), su Departamento de Defensa ha afirmado en repetidas ocasiones que sus acciones son “consistentes” con sus disposiciones. Este detalle es crucial, pues la comunidad internacional usa la UNCLOS como el estándar de referencia.
Bajo este marco, la interceptación de una embarcación sospechosa está permitida, pero el uso de la fuerza letal no es la primera opción, sino la última. Luke Moffett, profesor de la Queen’s University de Belfast, lo explica con claridad:
Se puede utilizar la fuerza para detener una embarcación, pero generalmente deben emplearse medidas no letales”.
El principio rector es que cualquier táctica agresiva debe ser “razonable y necesaria en defensa propia”.
La pregunta clave que los expertos plantean es si la respuesta estadounidense cumplió con este principio de proporcionalidad. ¿Era inevitable el uso de fuerza letal para neutralizar la amenaza? La falta de un tribunal internacional con jurisdicción plena sobre este caso específico deja la pregunta en el aire, pero la sombra de la duda pesa sobre la operación.
2. El flanco de los Derechos Humanos: ¿Ejecuciones extrajudiciales?
El segundo y más grave cuestionamiento se refiere al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El profesor Moffett lleva su análisis un paso más allá, sugiriendo que el operativo podría constituir una “ejecución arbitraria extrajudicial”.
Este término legal describe privaciones de la vida realizadas por agentes estatales sin el debido proceso legal, una “violación fundamental de los derechos humanos”. La designación de los fallecidos como “narcotraficantes” o “narcoterroristas” por parte de un gobierno no transforma automáticamente su estatus legal en el campo de batalla. Para que un individuo sea un “objetivo legal” en un contexto que implique fuerza letal, debe existir una amenaza inminente y activa.
Michael Becker, profesor del Trinity College de Dublín, es contundente al respecto: “El hecho de que funcionarios estadounidenses describan a los individuos muertos en el ataque estadounidense como narcoterroristas no los transforma en objetivos militares legales”. Becker argumenta que justificar la acción bajo el paraguas de la “legítima defensa”, tal como se recoge en el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, “extiende el significado del término más allá de su punto de ruptura” en este contexto.
3. El flanco interno: La sombra de la Constitución de EEUU
Más allá del derecho internacional, la propia Constitución de los Estados Unidos añade otra capa de complejidad al debate. La Carta Magna estadounidense es clara: la facultad de declarar la guerra recae exclusivamente en el Congreso.
No obstante, existe una tensión histórica con el Artículo II, que establece al Presidente como “Comandante en Jefe del Ejército y la Armada”. Esta designación ha sido utilizada por sucesivas administraciones para autorizar operaciones militares en el extranjero sin una declaración de guerra formal, basándose en Autorizaciones para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) anteriores o en argumentos de defensa nacional.
El dilema constitucional aquí es si esta autoridad presidencial se puede extender para ordenar ataques letales contra actores no estatales, como cárteles de droga, en aguas internacionales. No está claro, y es un debate abierto dentro de la jurisprudencia estadounidense. ¿Puede la lucha antidroga equipararse a un acto de guerra que justifique el uso de fuerza militar sin la aprobación del Congreso? La operación en el Caribe reaviva esta pregunta sin respuesta definitiva.
Con información de BBC.
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