Pentágono enviará hasta 600 abogados militares a trabajar como jueces en casos de migración: Pete Hegseth
El enfoque contra la inmigración ilegal ha aumentado la carga de trabajo de los tribunales, y después de múltiples despidos ‘sin causa’, quedan alrededor de 600 jueces activos.
ESTADOS UNIDOS.- — El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aprobó enviar hasta 600 abogados militares para fungir como jueces temporales de inmigración, según un memorando revisado por The Associated Press.
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Inicio inmediato de despliegue
El memo, fechado el 27 de agosto, indica que la militar enviará grupos de 150 abogados, tanto militares como civiles, al Departamento de Justicia “lo antes posible”, y se espera que la primera tanda de personal sea identificada la próxima semana.
Esta medida surge mientras la administración Trump recurre cada vez más a las fuerzas armadas en su estrategia para combatir la inmigración ilegal, que incluye:
- Tropas patrullando la frontera entre EE. UU. y México.
- Miembros de la Guardia Nacional apoyando la aplicación de la ley en ciudades estadounidenses.
- Uso de bases militares para alojar a personas a la espera de deportación.
- Aviones militares para trasladar a inmigrantes deportados.
Presión sobre los tribunales de inmigración
La atención de la administración en la inmigración ilegal ha aumentado la carga de trabajo de los tribunales, que ya enfrentaban un rezago de aproximadamente 3.5 millones de casos.
Además, más de 100 jueces de inmigración han sido despedidos o han renunciado tras aceptar dimisiones diferidas ofrecidas por la administración Trump. Según la International Federation of Professional and Technical Engineers, al menos 17 jueces fueron despedidos “sin causa” en julio.
Actualmente, quedan alrededor de 600 jueces de inmigración activos, por lo que la incorporación de abogados militares duplicaría la cantidad disponible.
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Funciones de los abogados militares
El Departamento de Justicia solicitó esta ayuda al Pentágono, y los abogados militares servirán como jueces por un período no mayor a 179 días, aunque podrá renovarse. El memo subraya que su despliegue dependerá de la disponibilidad y podría requerirse movilizar a oficiales de reserva.
Asimismo, el Departamento de Justicia debe garantizar que el personal enviado cumpla con la ley federal, incluida la prohibición de usar a las fuerzas armadas como fuerza de seguridad interna, conocida como Posse Comitatus Act.
Un portavoz del DOJ remitió las preguntas sobre el plan al Departamento de Defensa, que a su vez las dirigió a la Casa Blanca. Un funcionario de la Casa Blanca indicó que la administración evalúa diversas opciones para reducir el rezago, incluida la contratación de jueces de inmigración adicionales, y afirmó que el tema debe ser “una prioridad que todos —incluidos quienes esperan resolución de sus casos— puedan respaldar”.
Desafíos y contexto legal
La administración enfrentó recientemente un revés judicial, al determinarse que violó la ley federal al enviar tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles en junio.
Por ahora, no está claro cómo afectará al sistema judicial militar el traslado de 600 abogados, quienes, como jueces militares, cumplen funciones similares a los abogados civiles, incluyendo procesos penales, defensa legal y asesoría jurídica.
Los casos de inmigración pueden tardar años en resolverse, con audiencias finales programadas con más de un año de anticipación, lo que refleja la magnitud del desafío que busca enfrentar esta medida.
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