ONGs alertan sobre riesgos humanitarios en deportaciones de EEUU a África

Cuatro países africanos —Uganda, Ruanda, Suazilandia y Sudán del Sur.— aceptaron recibir a migrantes deportados desde Estados Unidos, como parte de la política de Donald Trump contra la migración ilegal.

Esta medida sigue los pasos de El Salvador, Panamá y Costa Rica, que previamente recibieron a ciudadanos expulsados bajo la misma estrategia.

Los gobiernos africanos involucrados han mantenido discreción sobre los detalles de los acuerdos, lo que ha generado críticas por posibles negociaciones de ayuda financiera o cooperación política a cambio de acoger a personas con antecedentes penales.

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Casos recientes y contexto

El gobierno de Ruanda anunció la llegada de un primer grupo de siete migrantes a mediados de agosto, asegurando que recibieron protección y apoyo.

Se prevé que el país acoja hasta 250 personas expulsadas por Estados Unidos, justificando la medida por sus “valores sociales”.

En Uganda, se planeó la deportación del salvadoreño Kilmar Abrego García, quien fue expulsado inicialmente por error y luego devuelto a Estados Unidos, pero su traslado final fue suspendido por la justicia.

Uganda alberga 1,7 millones de refugiados y depende de la ayuda internacional, incluida la estadounidense, lo que ha alimentado las sospechas de que su participación en estas deportaciones busca mantener la cooperación económica y política con Washington.

En Sudán del Sur, un país marcado por la guerra civil y la pobreza extrema, se recibieron ocho migrantes, aunque las autoridades aún no han ofrecido detalles sobre el acuerdo.

El país enfrentó recientemente sanciones estadounidenses relacionadas con la emisión de visados, lo que algunos analistas interpretan como un incentivo para aceptar las deportaciones.

En Suazilandia, la última monarquía absoluta de África, cinco expulsados permanecen encarcelados. Expertos locales y activistas destacan que estas decisiones ocurren en democracias débiles, donde la administración estadounidense “sabe que no se le harán preguntas”, lo que genera preocupación sobre los derechos humanos de los migrantes.

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Críticas y cuestionamientos

ONGs y líderes políticos denuncian que estos acuerdos podrían implicar beneficios financieros, cooperación política o alivio de sanciones a cambio de la aceptación de deportados.

Según Robert Kyagulanyi, líder opositor en Uganda, “el gobierno está desesperado por conseguir el respaldo de Washington y probablemente acoge a personas con antecedentes penales a cambio de ayuda y apoyo político”.

En Ruanda, un pacto previo similar con el Reino Unido en 2022 prometía cientos de millones de libras en ayuda al desarrollo, aunque el acuerdo fue descartado tras el cambio de gobierno. La opacidad de estos tratos genera cuestionamientos sobre la ética de utilizar la migración como moneda de negociación internacional.

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