“Alligator Alcatraz”: El controversial centro de detención de inmigrantes de Florida podría vaciarse en días
La información proviene de un intercambio de correos entre un funcionario de Florida y el rabino Mario Rojzman compartidos con The Associated Press.
El centro de detención de inmigrantes administrado por el estado de Florida en los Everglades, conocido coloquialmente como “Alligator Alcatraz” (Alcatraz de los Caimanes), podría estar vacío en cuestión de días.
Esta información surge de un intercambio de correos electrónicos compartido con The Associated Press, incluso mientras la administración del gobernador republicano Ron DeSantis y el gobierno federal luchan contra una orden judicial que exige el cierre definitivo de la instalación para finales de octubre.
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Un correo electrónico revelador y la justificación del gobernador
La revelación clave provino de Kevin Guthrie, Director Ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida. En un mensaje enviado el 22 de agosto al rabino Mario Rojzman, quien ofrecía servicios de capellanía en la instalación, Guthrie declaró: “probablemente vamos a bajar a 0 individuos en unos pocos días”, implicando que pronto no habría necesidad de sus servicios. El rabino y su asistente confirmaron la autenticidad del correo.
Cuestionado por un periodista sobre este intercambio, el gobernador Ron DeSantis enmarcó la disminución de la población detenida como el resultado de un aumento en las deportaciones por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“En última instancia, es decisión del DHS dónde quieren procesar y mantener a los detenidos y es su decisión cuándo quieren sacarlos”, afirmó DeSantis, aunque reconoció que el litigio judicial en curso podría ser “una influencia” en el ritmo de las deportaciones.
Una batalla legal y ambiental en el corazón de los Everglades
La noticia de la posible evacuación llega menos de una semana después de que una jueza federal en Miami ordenara el cierre progresivo del centro, exigiendo que el último detenido saliera en un plazo de 60 días.
El estado de Florida apeló la decisión, y el gobierno federal solicitó a la jueza Kathleen Williams que suspendiera su orden, argumentando que las miles de camas de la instalación son “urgentemente necesarias” debido al hacinamiento en otros centros de detención de Florida.
Sin embargo, grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, cuya demanda llevó al fallo judicial, se opusieron firmemente a esta solicitud.
En su demanda, argumentaron que la construcción y operación de la instalación amenazan humedales ambientalmente sensibles, hogar de plantas y animales protegidos, y podrían socavar miles de millones de dólares invertidos durante décadas en la restauración ambiental de los Everglades.
Condiciones “inauditas” y denuncias de negligencia
El centro, construido rápidamente hace dos meses con el objetivo de albergar hasta 3 mil detenidos como parte de la política de deportaciones, ha estado plagado de controversias.
En sus demandas, abogados de derechos civiles describieron “problemas graves” previamente “inéditos en el sistema de inmigración”. Los detenidos fueron mantenidos durante semanas sin cargos, desaparecieron del localizador en línea de ICE y nadie en el centro realizaba determinaciones iniciales de custodia o fianza.
Además, los detenidos describieron condiciones de vida deplorables, incluyendo gusanos en la comida, inodoros que no funcionaban, pisos inundados con desechos fecales y una infestación de mosquitos y otros insectos.
En su momento álgido, el centro albergó a casi mil personas, pero tras un aumento en las deportaciones y transferencias a otros centros, se estima que solo quedaban entre 300 y 350 detenidos la semana pasada.
El futuro incierto de “Alligator Alcatraz”
Mientras el estado de Florida ya ha firmado contratos por más de $245 millones para la construcción y operación del centro, su futuro inmediato depende de la apelación y la solicitud de suspensión presentada por el gobierno federal.
La jueza Williams aún no se ha pronunciado sobre esta solicitud. Si la instalación se vacía, como sugiere el correo de Guthrie, marcaría un capítulo final abrupto para uno de los proyectos de inmigración más controvertidos de Florida, un episodio que ha enfrentado al estado contra el gobierno federal, grupos de derechos civiles y comunidades locales en una compleja batalla legal y ética sobre la aplicación de la ley de inmigración y la protección del frágil ecosistema de los Everglades.
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