Familia exige justicia por la muerte de una joven latina en un antro de Madrid

CIUDAD DE MÉXICO. 27 DE AGOSTO DE 2025.- La familia de María Camila Mendoza, una joven de 21 años originaria de Colombia, exige a las autoridades españolas y colombianas que se esclarezca su muerte, ocurrida en condiciones que consideran extrañas luego de que asistiera a una fiesta en Madrid, España.

Según el Heraldo de México, el pasado 21 de agosto paramédicos encontraron el cuerpo sin vida de la joven, mientras que otros asistentes a la reunión presentaban síntomas de intoxicación. Sin embargo, para la familia existen graves inconsistencias en las versiones y falta de un proceso de investigación claro.

Familia rechaza versión de consumo de drogas

Algunos de los acompañantes de María Camila señalaron que ella habría consumido sustancias ilegales durante la fiesta. No obstante, su familia rechaza por completo esa hipótesis.

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“María Camila no consume, ni en Colombia, ni en España. Sus amigos cercanos y familiares coincidimos con esa versión”, aseguró su hermana, Laura Mendoza, en declaraciones al diario El Tiempo.

Los parientes de la joven explicaron que quienes estuvieron con ella esa noche no eran realmente sus amigos, y cuestionan por qué no se les ha llamado a testificar ni se les practicaron pruebas médicas.

“Lo que no entendemos es si ellos se sintieron mal, por qué no acudieron a un centro médico, y si ese era el caso, por qué la Policía no guiaba la investigación para tomarles pruebas a todos”, agregó Laura Mendoza.

Críticas a la investigación y llamado a la justicia

La familia de María Camila asegura que hasta ahora no se ha seguido un debido proceso y que persisten dudas fundamentales sobre lo ocurrido la noche de su muerte.

“Sabemos que no han llamado a los chicos a declarar ni les han hecho ningún tipo de examen. Es frustrante porque lo que vemos es que no se ha hecho un debido proceso", insistió su hermana.

Debido a los altos costos que implicaba mantener el cuerpo en la morgue, los familiares decidieron cremarlo en Madrid. Esta situación, aunque necesaria, impide la realización de nuevos peritajes o pruebas toxicológicas que podrían haber aclarado los hechos.

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