Trump busca ampliar el uso de la Guardia Nacional y fuerzas federales para “combatir el crimen” en ciudades de EEUU, pese a resistencia de gobernadores y alcaldes
Gobernadores y alcaldes rechazan la medida, alegando que podría ser inconstitucional y violar la autonomía estatal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado un nuevo plan para expandir el uso de la Guardia Nacional y otras fuerzas federales en diversas ciudades del país con el objetivo de combatir la delincuencia. La medida ha generado un intenso debate legal y político, ya que expertos y líderes locales advierten que podría ser inconstitucional y alterar el equilibrio entre el poder federal y estatal.
¿Por qué Trump quiere desplegar la guardia nacional en las ciudades?
Donald Trump sostiene que algunas ciudades del país enfrentan altos índices de criminalidad y que las autoridades locales no están tomando medidas suficientes. Según el presidente, el gobierno federal debe intervenir para “restablecer el orden” y garantizar la seguridad pública.
En sus declaraciones, ha mencionado ciudades como Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Baltimore y Oakland como focos principales donde podrían desplegarse tropas. Además, ha firmado un decreto para crear “unidades especializadas” de la Guardia Nacional destinadas a combatir delitos graves.
La resistencia de los estados y ciudades
Gobernadores y alcaldes han rechazado públicamente los planes de Trump. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, calificó la propuesta como “una amenaza” y señaló que podría violar la Constitución. Por su parte, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, advirtió que emprenderá acciones legales si tropas federales entran sin autorización.
La principal preocupación de las autoridades locales es que la medida limite la autonomía estatal y genere tensiones sociales en ciudades con políticas diferentes a las del gobierno federal, especialmente en las llamadas “ciudades santuario”, que limitan la cooperación con las autoridades migratorias.
Bases legales que Trump podría invocar
De acuerdo con CNN, Trump podría ampararse en dos leyes principales para justificar el despliegue de tropas:
- Sección 12406 del Código de Estados Unidos: Permite al presidente desplegar la Guardia Nacional para “repeler invasiones, sofocar rebeliones o ejecutar leyes federales”. Esta disposición fue utilizada por Trump en junio para enviar efectivos a Los Ángeles durante protestas contra la política migratoria, aunque actualmente enfrenta un litigio en California por esa decisión.
- Ley de Insurrección de 1807: Esta norma autoriza al presidente a utilizar fuerzas militares para enfrentar insurrecciones o disturbios graves. Sin embargo, se aplica principalmente cuando un gobernador o la legislatura estatal solicitan ayuda, salvo en casos limitados relacionados con la protección de derechos constitucionales.

Los posibles límites constitucionales
Expertos advierten que, aunque Trump tiene ciertas facultades presidenciales, existen restricciones importantes. La Ley Posse Comitatus prohíbe, en la mayoría de los casos, usar a las fuerzas armadas como policía nacional sin autorización expresa del Congreso.
Además, la Décima Enmienda de la Constitución reserva a los estados el control sobre su propia Guardia Nacional, salvo en situaciones muy específicas autorizadas por la ley federal. Por ello, cualquier intento de desplegar tropas sin la solicitud de un gobernador podría enfrentar impugnaciones judiciales.
¿Qué pasó en los despliegues anteriores?
En junio, Trump ordenó el envío de tropas de la Guardia Nacional y de infantes de Marina a Los Ángeles argumentando que las protestas contra las políticas migratorias impedían realizar redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una demanda alegando que la decisión violó la ley federal y la soberanía estatal. Este caso continúa en tribunales y podría sentar un precedente sobre los límites del poder presidencial en situaciones similares.
Impacto en las ciudades santuario
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, advirtió que las llamadas “ciudades santuario” podrían ser prioridad en los futuros despliegues. Estas localidades restringen la colaboración con las autoridades migratorias federales, lo que, según la administración Trump, dificulta la aplicación de la ley.
Chicago es uno de los principales objetivos de esta política y, según fuentes cercanas, los planes federales podrían replicar el modelo usado en Los Ángeles.
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