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Lauren Semanchik: La veterinaria que pidió ayuda a la policía y fue asesinada por su expareja, un agente estatal

Abogados de la familia de Semanchik planean demandar tanto a la policía estatal como al departamento de policía de Franklin.

Lauren Semanchik: La veterinaria que pidió ayuda a la policía y fue asesinada por su expareja, un agente estatal

FRANKLIN.- La trágica historia de Lauren Semanchik, una veterinaria de 33 años, conmociona a Nueva Jersey y expone una alarmante falla en el sistema destinado a proteger a las víctimas de violencia de género.

De acuerdo con New York Post, meses antes de ser asesinada en un brutal crimen que también cobró la vida de su nueva pareja, Lauren dejó una desgarradora súplica de ayuda en el buzón de voz de la policía del municipio de Franklin, una llamada que, según su familia, nunca fue respondida.

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La súplica de auxilio ignorada

El 20 de mayo, Lauren Semanchik llamó a las autoridades para tomar acciones contra su expareja.

En el mensaje de voz, hecho público durante una conferencia de prensa de este jueves, se puede escuchar a Lauren solicitando presentar una denuncia o una orden de restricción contra su exnovio, Ricardo Santos, un agente de la policía estatal de 45 años que, según ella, la había estado acosando durante meses.

Él puso dispositivos de grabación en mi casa, ha continuado enviándome mensajes de texto y llamándome, y anoche salí del trabajo y mi auto había sido rayado. No tengo a nadie en mi vida con tanta animadversión... Él también es un policía estatal, por lo que estoy especialmente incómoda”, relató en el mensaje.

Esa llamada se produjo después de que se presentara personalmente en la jefatura de policía y le informaran que no había ningún oficial disponible para atenderla.

Una tragedia anunciada

Menos de tres meses después, el 1 de agosto, las peores pesadillas de Lauren se hicieron realidad. Ricardo Santos la emboscó fuera de su casa en Pittsfield, asesinándola a tiros a ella y a su nuevo novio, Tyler Webb.

Acto seguido, el agente huyó y, aproximadamente una hora después, se quitó la vida.

La relación entre Lauren y Santos había terminado en septiembre del año anterior, tras varios meses de idas y venidas. Desde la separación, el comportamiento de Santos se volvió obsesivo y acosador, según han declarado los familiares de la víctima.

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¿Se pudieron evitar las muertes? Las críticas a las fuerzas del orden

La familia de Lauren Semanchik no duda en señalar a las múltiples agencias policiales a las que acudió en busca de ayuda como responsables de no haber evitado la tragedia.

Fallaron todas y cada una de las agencias de aplicación de la ley a las que acudió en busca de ayuda”, declaró su madre, Jennine Semanchik.

Un día antes de su llamada a la policía de Franklin, Lauren ya había presentado una denuncia en la comisaría del municipio de Washington, acusando a Santos de rayar su coche. Según el informe policial, un agente contactó por teléfono con Santos, quien negó los hechos, y le aconsejó que no contactara con Lauren, a lo que él accedió.

Además, Lauren había contactado con una colega de Santos en la policía estatal para alertar sobre su comportamiento inestable, después de que él la hubiera amenazado con suicidarse. No está claro qué medidas tomó la policía estatal ante esta advertencia.

Consecuencias y una futura demanda

La magnitud del fallo sistemático ha tenido repercusiones. La Oficina del Fiscal del Condado de Hunterdon ha asumido el control del departamento de policía de Franklin tras las preguntas sobre su manejo del caso. El jefe de policía, Timothy Snyder, y el sargento Kevin Bollaro han sido suspendidos.

Los abogados de la familia, David Mazie y Beth Baldinger, presentaron un aviso de intención de demandar tanto a la policía estatal como al departamento de policía de Franklin, acusándolos de negligencia por no proteger a Lauren a pesar de las múltiples señales de alerta.

Mientras las agencias involucradas se mantienen en silencio, este caso se erige como un sombrío recordatorio de los peligros de la violencia de género y la imperiosa necesidad de que las instituciones escuchen y actúen con celeridad ante las denuncias de acoso y amenazas.

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