En Los Ángeles ICE no podrá detener a migrantes únicamente por hablar español, su color de piel o tipo de trabajo
La orden responde a múltiples denuncias presentadas por ciudadanos y organizaciones como United Farm Workers, quienes relataron detenciones arbitrarias.
LOS ÁNGELES.- Una corte de apelaciones confirmó este viernes la orden de una jueza federal en Los Ángeles que prohíbe a agentes de inmigración utilizar el idioma, la raza, el tipo de trabajo o la ubicación de una persona como único pretexto para detenerla.
Esta decisión representa un revés para el Gobierno federal, que buscaba suspender la medida, destacó NBC News.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito señaló que, si bien una parte de la orden era “demasiado vaga”, no era probable que los argumentos del Gobierno prosperaran en el resto del caso.
Por ello, la corte dejó vigente la orden cautelar emitida por la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong.
Detenciones sin justificación concreta
La orden judicial prohíbe que se detenga a personas “a menos que el oficial o agente tenga sospechas razonables de que la persona se encuentra en Estados Unidos infringiendo la ley de inmigración”.
Esta sospecha, precisa el fallo, no puede basarse únicamente en factores como el color de piel, hablar español o inglés con acento, encontrarse en lugares como paradas de autobús o zonas donde se reúnen jornaleros, ni por el tipo de trabajo que se desempeñe.
La orden responde a múltiples denuncias presentadas por ciudadanos y organizaciones como United Farm Workers, quienes relataron detenciones arbitrarias.
Entre los casos, destacan personas que esperaban un autobús para ir a trabajar y fueron arrestadas sin causa, así como ciudadanos estadounidenses que fueron interrogados agresivamente pese a aclarar su estatus migratorio.
El Gobierno minimiza la discriminación, pero los datos lo contradicen
Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, defendió que “lo que convierte a alguien en un objetivo de ICE es si están ilegalmente en Estados Unidos, no el color de su piel, raza o etnia”.
Sin embargo, estadísticas del propio ICE al 29 de junio muestran que el 71.7% de las personas detenidas no tenían antecedentes penales.
Aún más revelador, datos obtenidos por el Cato Institute revelan que el 65% de las más de 204 mil personas procesadas por ICE desde octubre de 2024 no tenían historial criminal.
De los que sí lo tenían, solo el 6.9% había cometido un delito violento, mientras que la mayoría estaban relacionados con faltas migratorias o infracciones menores.
“Estas redadas fueron inconstitucionales”
El fallo del Noveno Circuito también reflejó preocupación por el uso de perfiles raciales como estrategia de control migratorio.
“La mera invocación de los cuatro factores enumerados, por sí solos o en combinación, no satisface el requisito constitucional de sospecha razonable”, determinó el tribunal.
Mark Rosenbaum, consejero de Public Counsel y representante legal de los demandantes, fue tajante: “Estas redadas fueron inconstitucionales, no estaban respaldadas por pruebas y se basaron en el miedo y en estereotipos dañinos, no en la seguridad pública”.
Apoyo desde las autoridades locales
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, celebró la decisión judicial y dijo que es “una victoria para el Estado de Derecho y para la ciudad de Los Ángeles”.
En su declaración, subrayó que la orden judicial sigue protegiendo a comunidades enteras “de agentes de inmigración que utilizan perfiles raciales y otras tácticas ilegales”.
Las redadas ocurridas en junio desencadenaron protestas masivas en la ciudad, algunas de las cuales derivaron en enfrentamientos.
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