Hospital se desmarca de participación en ejecución de reo con marcapasos en caso de Tennessee

NASHVILLE.- El Hospital General de Nashville negó haber aceptado participar en el procedimiento para desactivar el desfibrilador cardíaco del condenado a muerte Byron Black, cuya ejecución está programada para el 5 de agosto en Tennessee.

La controversia surgió después de que un juez de Nashville ordenara la desactivación del dispositivo médico antes de la inyección letal, siguiendo un argumento de los abogados de Black: el desfibrilador podría administrar descargas repetidas al intentar restablecer el ritmo cardíaco durante la ejecución, lo que —según su defensa— causaría un sufrimiento innecesario.

Sin embargo, el hospital aseguró que nunca aceptó colaborar, contradiciendo declaraciones previas de funcionarios estatales que mencionaban su participación, según The Associated Press.

Mundo

Último esfuerzo legal para detener ejecución de reo en Tennessee; fue condenado por el asesinato de su pareja y sus dos hijas en 1988

Versiones contradictorias entre el estado y el hospital

En un comunicado, la portavoz del hospital, Cathy Poole, aclaró:

Los informes anteriores sobre la participación del Hospital General de Nashville son inexactos. Ni el departamento correccional ni su proveedor médico contactaron a las autoridades adecuadas del hospital para esta solicitud. Cualquier afirmación sobre nuestra participación fue prematura”.

Poole añadió que el contrato del hospital con el estado solo cubre atención médica rutinaria para reclusos, no procedimientos relacionados con ejecuciones. Además, señaló que otras entidades necesarias para el proceso también rechazaron colaborar.

Por su parte, Jillian Bresnahan, subcomisionada de servicios clínicos del departamento correccional, declaró que un médico de Centurion (el proveedor médico penitenciario) había confirmado citas para Black los días 4 y 5 de agosto. Sin embargo, luego la empresa retiró su apoyo por recomendación de su equipo legal.

Preocupaciones éticas y legales

El caso ha reavivado el debate sobre la participación de médicos en ejecuciones, considerada una violación a la ética médica por asociaciones profesionales.

Mientras, el estado de Tennessee apeló la orden judicial, argumentando que el juez no tenía autoridad para exigir la desactivación del dispositivo y que trasladar a Black al hospital el día de la ejecución representaría un riesgo de seguridad.

Kelley Henry, abogada de Black, acusó al estado de mala gestión y pidió al gobernador Bill Lee que conceda un indulto.

¿Qué sigue en el caso?

La Corte Suprema de Tennessee evalúa la apelación del estado para anular la orden de desactivar el desfibrilador. Mientras, activistas contra la pena de muerte, como Dan Mann, han presionado al alcalde de Nashville para que evite que el hospital participe en el proceso.

Mundo

Ordenan desactivar dispositivo cardíaco de Byron Black, condenado a muerte en Tennessee, para evitar sufrimiento durante ejecución

Con la ejecución a solo días de distancia, la situación sigue en un limbo legal y ético, planteando preguntas sobre los límites de la medicina en el sistema de justicia penal.

Te puede interesar: Trump fulmina el “vacío legal” que favorecía importaciones baratas: desde agosto, todo paquete bajo $800 pagará impuestos