Colombia: Deportados desde Ecuador tienen derechos y garantías, según autoridades
La Cancillería ha tenido un rol “limitado”, centrado en recibirlos y facilitar su traslado a sus regiones de origen.
COLOMBIA.- Una nueva disputa diplomática inició entre Colombia y Ecuador tras la deportación de 600 ciudadanos colombianos desde territorio ecuatoriano.
El vicecanciller de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, calificó la medida como un “acto unilateral que se debía haber negociado de manera bilateral”, denunciando falta de coordinación y transparencia en el proceso.
Las autoridades ecuatorianas habían notificado el 8 de julio la deportación de 340 personas, pero el número final superó los 600.
Jaramillo explicó en Blu Radio de Colombia, que esta discrepancia generó un grave problema logístico y judicial, pues Colombia no tuvo “ningún tiempo ni gradualidad” para gestionar su recepción.
Aunque el presidente ecuatoriano Daniel Noboa había mencionado en enero la posibilidad de “sacar esos 1.500 y dejarlos en la frontera”, el vicecanciller insistió en que el problema actual no fueron las condiciones “degradantes” de su llegada, sino la “falta de información”.
Comunicado oficial@MigracionCol informa sobre la atención a los colombianos deportados desde Ecuador. Un proceso ordenado y respetuoso de los derechos humanos. 👇🏼 pic.twitter.com/9vcUaEaCYn
— Migración Colombia (@MigracionCol) July 27, 2025
Preocupación por derechos y judicialización
Jaramillo aclaró que, sin una orden judicial previa en Colombia, los deportados “no pueden ser judicializados”.
Rechazó las críticas que los señalan como “por ahí sueltos” y pidió evitar la estigmatización: “Son connacionales, o sea, son colombianos; tienen derechos, tienen garantías”.
La Cancillería ha tenido un rol “limitado”, centrado en recibirlos y facilitar su traslado a sus regiones de origen.
Sin embargo, la falta de coordinación con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía complica su seguimiento legal.
El gobierno colombiano espera que Ecuador rectifique su enfoque unilateral.
Mientras tanto, el llamado es a proteger los derechos de los deportados y evitar generalizaciones sobre su situación legal. La tensión persiste, y la solución, según Jaramillo, pasa por una comunicación más transparente entre ambos países.
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