La Corte Internacional de Justicia declara ilícito incumplir compromisos climáticos

La Haya, Países Bajos.— En un pronunciamiento histórico, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este martes que los Estados que no cumplen con sus compromisos frente al cambio climático cometen un acto internacionalmente ilícito, lo que podría abrir la puerta a futuras sanciones o exigencias de reparación por parte de otros países afectados.

La opinión consultiva, solicitada en 2023 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece que los tratados multilaterales en materia ambiental son legalmente vinculantes y no simples recomendaciones, como algunos Estados alegaban.

Durante la lectura del dictamen, el presidente del tribunal, juez Iwasawa Yuji, subrayó que los países tienen la obligación de emplear todos los recursos a su alcance para evitar daños ambientales significativos, tanto dentro de su territorio como en actividades bajo su jurisdicción que puedan afectar negativamente el sistema climático global.

Responsabilidad internacional y consecuencias legales

La CIJ afirmó que los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) —entre ellos Estados Unidos, China y los miembros de la Unión Europea— están jurídicamente obligados a implementar medidas concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover acciones de adaptación al cambio climático.

En caso de incumplimiento, los Estados pueden incurrir en una conducta ilícita en términos del derecho internacional, lo que podría derivar en sanciones o reparaciones legales.

Estas medidas, explicó la Corte, dependerán del caso y podrán incluir restituciones, compensaciones económicas o actos de satisfacción simbólica.

No obstante, el tribunal aclaró que la exigencia de responsabilidad no es automática, sino que debe demostrarse una relación causal clara entre la omisión del Estado y el daño ambiental sufrido.

Reconocimiento del derecho a un medioambiente sano

En otro punto relevante, la CIJ reafirmó que el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano esencial, ya que está intrínsecamente vinculado a otros derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, el agua potable y la vivienda digna.

Este dictamen no es vinculante de forma inmediata, pero marca un precedente importante en el desarrollo del derecho internacional ambiental y podría ser utilizado en futuras demandas o negociaciones climáticas multilaterales.

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