Empleados de clínica en California enfrentan cargos federales por interferir en operativo migratorio

ONTARIO, California.- Dos empleados de un centro médico del sur de California fueron imputados por cargos federales tras presuntamente obstruir un operativo de inmigración y agredir a agentes federales, según informó este viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

Los acusados, identificados como José de Jesús Ortega, de 38 años, y Danielle Nadine Dávila, de 33, trabajaban en el Ontario Advanced Surgery Center, una clínica de cirugías en el condado de San Bernardino, donde el pasado 8 de julio agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaron detener a un inmigrante indocumentado.

De acuerdo con la Fiscalía, los agentes de ICE, que viajaban en un vehículo sin distintivos, siguieron a un camión que ingresó al estacionamiento de la clínica. Tres hombres bajaron del vehículo, y mientras dos lograron huir, Denis Guillén-Solís, un hondureño de 30 años, fue interceptado cerca de la entrada principal.

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Un video difundido por la Inland Coalition for Immigrant Justice (ICIJ) muestra a Guillén-Solís forcejeando con los agentes mientras se aferraba a una pared para evitar su arresto. En las imágenes, empleados del centro médico, entre ellos Ortega y Dávila, exigen a los agentes que muestren una orden judicial y les ordenan abandonar el lugar.

Según el DOJ, uno de los trabajadores médicos ayudó al inmigrante a levantarse y separarse del agente, lo que permitió que Guillén-Solís entrara corriendo al edificio. Finalmente, los oficiales lograron detenerlo, pero el incidente derivó en la acusación contra los dos empleados.

Cargos y posibles condenas

Ortega y Dávila enfrentan dos delitos federales:

• Conspiración para impedir mediante fuerza o intimidación el desempeño de las funciones de un agente migratorio (hasta 6 años de prisión).
• Agresión a un oficial federal (hasta 8 años de cárcel).

Ortega fue arrestado este viernes, mientras que se desconoce el paradero de Dávila.

Esta acusación se enmarca en la política de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump contra quienes interfieran en operativos migratorios. Bajo su administración, el DOJ ha incrementado los procesos penales contra ciudadanos estadounidenses y residentes que intentan proteger a indocumentados durante redadas.

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Organizaciones proinmigrantes han criticado el caso, argumentando que el personal médico solo buscaba proteger la privacidad de los pacientes y que los agentes no tenían orden para ingresar a las instalaciones.