¡Detener las redadas! Juez Federal en EEUU ordena a ICE no seguir con detenciones a migrantes en California
Desde el inicio de las redadas el pasado 6 de junio, el condado de Los Ángeles ha asumido costos adicionales por $9 millones, incluyendo pérdida de ingresos fiscales y horas extras para personal de seguridad.
CALIFORNIA.- Este viernes un juez federal en Estados Unidos, emitió una orden para poner un freno a las redadas migratorias que han aumentado mucho más en el estado de California.
Según CBS News, la medida responde a una demanda interpuesta por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), en representación de múltiples ciudades y ciudadanos que denunciaron violaciones sistemáticas de los derechos constitucionales.
La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Distrito Central de California, sostuvo en su fallo.
“Como lo exige la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se prohibirá a los acusados realizar detenciones en este Distrito a menos que el agente u oficial tenga una sospecha razonable de que la persona que será detenida se encuentra dentro de los Estados Unidos en violación de la ley de inmigración estadounidense”.
Restricciones judiciales a ICE y CBP
La jueza emitió dos órdenes de restricción temporales. La primera impide realizar detenciones sin justificación válida, y la segunda obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a garantizar que las personas detenidas en el edificio federal del centro de Los Ángeles tengan acceso a un abogado.
Frimpong criticó directamente la forma en que el gobierno federal ha operado: “Las patrullas itinerantes sin sospecha razonable violan la Cuarta Enmienda de la Constitución, y negar el acceso a abogados viola la Quinta Enmienda”.
El fallo también establece que los agentes no podrán “confiar únicamente” en criterios como la raza o etnicidad aparente, el idioma que hablen las personas o si lo hacen con acento, ni en su presencia en ciertos lugares como lavaderos de autos, sitios agrícolas o paradas de jornaleros.
Estas prácticas, según la ACLU, eran utilizadas rutinariamente por las autoridades migratorias.
“Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, a todos se les garantizan derechos constitucionales para protegerlos de detenciones ilegales”, dijo el abogado de la ACLU, Mohammad Tajsar.
La experiencia de un ciudadano detenido
Uno de los casos que motivó la demanda fue el de Brian Gavidia, residente de Montebello, quien fue detenido por agentes de inmigración pese a haber demostrado ser ciudadano estadounidense.
“A pesar de que declaré y demostré que era estadounidense, me quitaron el teléfono”, relató frente al juzgado.
Reacciones de autoridades y comunidades
El fiscal federal Bill Essayli reaccionó en redes sociales defendiendo las acciones de los agentes: “Nuestros agentes federales seguirán aplicando la ley y acatando la Constitución de Estados Unidos”. Añadió que “discrepamos rotundamente de las acusaciones de la demanda”.
En contraste, el gobernador Gavin Newsom celebró el fallo: “Hoy se hizo justicia: la decisión del tribunal pone fin temporalmente a las violaciones de los derechos humanos y a la discriminación racial por parte de los funcionarios federales de inmigración”.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también se pronunció: “Este es un paso importante para restablecer la seguridad y defender los derechos de todos los angelinos. Jamás aceptaremos estos actos atroces y antiamericanos como algo normal”.
Una coalición legal contra las redadas
Además de la ciudad y el condado de Los Ángeles, otras localidades se sumaron a la demanda: Culver City, Montebello, Monterey Park, Pasadena, Pico Rivera, Santa Mónica y West Hollywood.
Representadas por un equipo legal que incluye al exfiscal federal Martín Estrada, la coalición argumenta que las redadas violan no solo derechos individuales, sino también la soberanía judicial de los estados, protegida constitucionalmente.
“Lo que argumentan los demandantes no es que la administración Trump carezca de la facultad para aplicar la ley migratoria, sino que lo está haciendo mal y de manera inconstitucional”, explicó Jessica Levinson, profesora de derecho de Loyola.
Costos económicos millonarios
Desde el inicio de las redadas el pasado 6 de junio, el condado de Los Ángeles ha asumido costos adicionales por $9 millones, incluyendo pérdida de ingresos fiscales y horas extras para personal de seguridad. Las autoridades locales han comparado este impacto económico con el de la pandemia de COVID-19.
Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, ICE y CBP han arrestado a 2,792 personas en la región desde que se intensificaron las operaciones.
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