Secretaria de Agricultura de EEUU anuncia que trabajadores agrícolas migrantes “no tendrán amnistía” ante deportaciones de Trump: Van por “fuerza de trabajo 100% estadounidense”

WASHINGTON.— La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, afirmó este martes que los trabajadores agrícolas indocumentados “no tendrán una amnistía” frente a los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para deportar a todos los inmigrantes ilegales en el país.

La declaración fue realizada durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Agricultura, en medio de las crecientes preocupaciones del sector agrícola sobre el impacto de una posible deportación masiva en la cadena de suministro alimentario.

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Agricultura sin inmigrantes: buscan fuerza laboral 100% estadounidense

La funcionaria aseguró que la administración actual “quiere una fuerza de trabajo 100% estadounidense” y sugirió que algunas personas que actualmente reciben ayuda del gobierno podrían reemplazar a los trabajadores migrantes.

En última instancia, la respuesta a esto es la automatización, también alguna reforma dentro de la estructura de Gobierno actual. Y luego también, cuando se piensa en, hay 34 millones de adultos sanos en nuestro programa de Medicaid. Hay muchos trabajadores en Estados Unidos”, sostuvo Rollins.

Aunque el gobierno había considerado en junio suspender redadas en algunos sectores agrícolas clave, esa medida fue revertida. Organizaciones del campo han advertido que estas acciones pueden causar interrupciones graves en el abastecimiento de alimentos, dada la alta dependencia de mano de obra inmigrante.

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Restricciones a compras de tierras por parte de extranjeros

Durante la misma conferencia, Rollins anunció que el Departamento de Agricultura también tomará medidas contra la compra de tierras agrícolas por parte de países considerados rivales, con énfasis en China.

“A partir de esta tarde, me incorporaré al Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS)”, señaló, en referencia al organismo encargado de revisar adquisiciones extranjeras que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.

Esta medida refuerza el enfoque del gobierno de Trump de limitar la influencia extranjera en sectores estratégicos como la producción de alimentos.

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