Acusan al gobierno de Trump de violar leyes al compartir datos de Medicaid con autoridades migratorias; interponen demanda en 20 estados

ESTADOS UNIDOS.- El fiscal general de California, Rob Bonta, denunció que el gobierno del expresidente Donald Trump violó las leyes federales de privacidad al compartir información confidencial de inscritos en Medicaid con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que habría facilitado su uso para fines de deportación.

Durante una conferencia de prensa, Bonta anunció que él y fiscales generales de otros 19 estados interpusieron una demanda contra el gobierno federal, argumentando que la entrega de datos violó la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA) y otras normativas de protección de la información.

Estados afectados y tipo de datos compartidos

Los datos provienen de programas de Medicaid administrados únicamente con fondos estatales en California, Illinois, Washington y Washington D.C., que permiten la inscripción de personas sin nacionalidad estadounidense.

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Según información obtenida por The Associated Press, los asesores del secretario de Salud en funciones bajo Trump, Robert F. Kennedy Jr., autorizaron la liberación del conjunto de datos al DHS en junio.

Los archivos incluían nombres, direcciones, números de seguro social, estatus migratorio y datos de reclamaciones médicas.

Expertos han advertido que esta información podría ser utilizada por autoridades migratorias para localizar y deportar a inmigrantes indocumentados.

Resistencia interna y presiones políticas

Un memorando interno del 6 de junio, firmado por Sara Vitolo, subdirectora de Medicaid, muestra que los propios funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) se opusieron a entregar los datos, advirtiendo que hacerlo violaría la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad de 1974.

No obstante, cuatro días después, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), bajo presión política, ordenó que los datos se enviaran al DHS “antes de las 5:30 ET de hoy”.

“El HHS actuó completamente dentro de su autoridad legal, y en total cumplimiento con todas las leyes aplicables”, afirmó Andrew Nixon, portavoz de la agencia, al justificar la decisión.

Agregó que el objetivo era evitar el uso indebido de fondos federales de Medicaid por parte de estados que atienden a personas con “estatus migratorio insatisfactorio”.

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Medida se enmarca en revisión más amplia

La acción tuvo lugar mientras el gobierno de Trump lanzaba una revisión nacional de los registros de Medicaid para asegurarse de que los fondos federales no se usaran en personas no elegibles.

Como parte de ese proceso, se solicitó a California, Washington e Illinois que proporcionaran información sobre los inmigrantes inscritos en sus programas de cobertura estatal.

En paralelo, un juez federal se negó recientemente a bloquear que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartiera datos fiscales de inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el propósito de facilitar su localización y arresto.

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Reacción política y legal en el Congreso

La revelación ha generado fuertes críticas entre legisladores demócratas.

Decenas de congresistas en ambas cámaras del Congreso estadounidense enviaron cartas exigiendo que se detenga el intercambio de datos confidenciales y que el DHS destruya la información recibida hasta ahora.

“Esto ignora siete décadas de política y práctica de la ley federal que han dejado claro que los datos personales de salud son confidenciales y solo pueden compartirse en ciertas circunstancias limitadas que benefician la salud pública o el programa de Medicaid”, advirtió Rob Bonta.

La demanda podría marcar un precedente legal significativo en la lucha por proteger los derechos de privacidad de los inmigrantes en programas de salud y podría frenar futuros intentos de vincular bases de datos médicas con operaciones migratorias.