Universidades de Texas deberán identificar y cobrar más de matrícula a estudiantes inmigrantes; afectaría a más de 73 mil de jóvenes

TEXAS.- — Texas comenzará a cobrar matrícula más alta a estudiantes indocumentados en universidades públicas, tras un fallo judicial que anuló la llamada Ley Dream de Texas, vigente desde 2001. La medida afectará a más de 73 mil jóvenes, según estimaciones de Higher Ed Immigration Portal.

La Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas ordenó a las universidades estatales reclasificar a los estudiantes sin estatus legal como no residentes a partir del otoño de 2025, lo que implica un incremento sustancial en los costos de matrícula.

“Se les cobrará la matrícula de no residente para el semestre de otoño de 2025”, indicó Wynn Rosser, comisionado estatal, en una carta enviada a las instituciones, citada por The Texas Tribune.

¿Qué era la Texas Dream Act?

La Ley Dream de Texas, firmada en 2001 por el entonces gobernador republicano Rick Perry, permitía que jóvenes indocumentados que residieran y se hubieran graduado de preparatoria en Texas accedieran a la tarifa de matrícula para residentes.

Esta opción, conocida como in-state tuition, es considerablemente más barata que la tarifa para foráneos.

Para acceder al beneficio, los estudiantes debían cumplir con ciertos requisitos, incluyendo firmar una declaración jurada de que solicitarían la residencia permanente en cuanto tuvieran la vía legal para hacerlo.

Según NILC, más de 21 mil estudiantes habían firmado éstas declaraciones en 2021, representando el 1.5% del total de universitarios en Texas. El estado concentra casi una quinta parte de los 408 mil estudiantes indocumentados en instituciones públicas del país.

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Un fallo que cambia el panorama

El 4 de junio, un juez federal en Texas invalidó la ley, al considerar que otorgaba beneficios “especiales” a personas sin estatus legal, lo cual, según su criterio, violaba la Constitución.

El fallo fue en respuesta a una demanda interpuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la que se sumó el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien firmó un acuerdo de consentimiento con el gobierno federal sin permitir la participación de las personas afectadas, denunció el National Immigration Law Center (NILC).

Ese mismo día, un juez federal del norte de Texas ordenó frenar su aplicación, sin permitir antes que se presentaran argumentos de defensa por parte de universidades o estudiantes.

La respuesta legal: organizaciones civiles buscan intervenir

Ante esta situación, varias organizaciones, entre ellas el National Immigration Law Center, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, Democracy Forward, la ACLU de Texas y el despacho Lynn Pinker Hurst & Schwegmann, presentaron una moción para intervenir en el litigio y defender la constitucionalidad del Texas Dream Act.

Estas entidades solicitan una decisión de emergencia que les permita actuar como demandados en lugar del estado y evitar “daños irreparables” a los estudiantes y las instituciones educativas.

“El aparente abuso del proceso judicial debería alarmarnos a todos”, advirtió Efrén C. Olivares, director legal del NILC. “Este es un ataque al acceso a la educación superior y a los principios democráticos”, afirmó en un comunicado.

¿Qué está en juego? El impacto para estudiantes y universidades

La eliminación del beneficio estatal afectará económicamente a los estudiantes, que ahora tendrían que pagar hasta cuatro veces más por su educación, y a las propias instituciones, como el Austin Community College (ACC), que podrían perder cientos de miles de dólares en matrícula.

Según los grupos civiles, sin la ley, Texas perdería más de 461 millones de dólares anuales, derivados de la menor participación educativa y productiva de los jóvenes inmigrantes. Según las organizaciones demandantes:

• Un inmigrante con licenciatura gana el doble que uno sin estudios universitarios.
• En promedio, aportan $2,000 más en impuestos al año.

La Austin Community College (ACC), una de las primeras instituciones en oponerse públicamente, advirtió que sin esta ley perderán cientos de miles de dólares en matrícula, ya que muchos estudiantes sin acceso a ayuda federal pagan de su bolsillo y abandonarían sus estudios ante el aumento de costos.

Además del impacto económico, las universidades enfrentarán una carga administrativa considerable para cumplir con la reclasificación antes del otoño de 2025, sin que se les haya dado una guía clara, detalla la carta enviada por Rosser.

“La Ley Dream lo es todo para mí”

Oscar Silva, estudiante de posgrado en Texas y uno de los demandantes, aseguró que su vida cambió gracias a la ley.

“El Texas Dream Act lo es todo para mí. Esta ley hizo posible mi educación. Como estudiante universitario de primera generación, sin ella, la universidad habría estado fuera de mi alcance”, afirmó.

También Tania Chávez, directora ejecutiva de La Unión del Pueblo Entero (LUPE), condenó la decisión:

“Eliminar la matrícula estatal en Texas no es solo un cambio de política, sino un ataque directo a los jóvenes indocumentados. Esta decisión no solo perjudica a los estudiantes, destruye a las familias, alimenta la ansiedad, obliga a los adolescentes a elegir entre la escuela y la supervivencia y nadie debería ser castigado por intentar construir un futuro mejor”.